La renovación del Estatuto General de la Abogacía aprobada a mediados de 2021 trajo consigo el consenso de todos los órganos colegiales de España a la hora de concluir que se adaptaba a los diferentes cambios normativos en veinte años desde la última actualización. Una de las cuestiones que aborda el texto es la igualdad entre letradas y letrados desde varios puntos de vista. Por ejemplo, se entra de lleno en el lenguaje inclusivo al calificar a los colegiados como profesionales de la abogacía. Una premisa que insta a cambiar la nomenclatura en los 83 colegios españoles. Y es aquí donde se ha producido una quiebra entre los puntos de vista. Hay quienes han aceptado el envite y han procedido a modificar sus denominaciones: Madrid, Barcelona o Córdoba han sido los primeros. Otros, como Granada y Sevilla, lo rechazaron de plano. En Burgos, ni siquiera se ha abordado el debate, pero se hará antes de que acabe el año. Su decana, Mónica Pérez, se muestra partidaria de que sean los propios colegiados los que decidan.  

Las decisiones de los diferentes colegios ha sido fuente de todo tipo de polémicas. En Granada y Sevilla, los colegiados votaron en contra con una amplia mayoría. Alegaban, a grandes rasgos, razones históricas para mantener la nomenclatura de sus respectivas instituciones. Además, recalcaban que había otros aspectos en materia de igualdad mucho más urgentes que un cambio en el nombre de los órganos. 

Pérez Villegas, que acaba de aterrizar en el cargo, tiene la misión de actualizar los estatutos del colegio burgalés en los próximos meses. Y será entonces cuando tenga que plantear el cambio de nomenclatura entre los letrados de la provincia. «Primero deberemos tratarlo en una junta general, pero entiendo que sería conveniente someterlo a una votación entre los colegiados», subraya. 

La decana burgalesa reconoce que es un debate «peliagudo» en el que entran en juego diversos factores. Por un lado el histórico, pues el Colegio de Burgos lleva 190 años  con ese nombre.  También está la cuestión económica, pues supondría un alto coste el cambio de membretes, direcciones, imagen corporativa, etc. «No sé si es una cuestión tan importante o urgente en materia de igualdad. Tal vez deberíamos reflexionar sobre la conciliación familiar o romper el techo de cristal en puestos de responsabilidad. Pero, insisto, será algo que decidamos entre todos», concluye.