Mantener abiertos negocios y empresas rurales en pequeñas localidades supone, en la mayoría de los casos, una lucha constante que se transforma en odisea cuando se trata de transferir o vender aquello que durante décadas ha dado servicios a los vecinos de esos pueblos.

Incentivar la permanencia de esas actividades comerciales o de servicios, muchas de ellas familiares, se ha convertido en una prioridad para administraciones como la Diputación, los propios municipios y organizaciones como la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE), que tratan de evitar los cierres «porque después es muy difícil volver a poner en marcha el negocio y recuperar la cartera de clientes», manifiestan los técnicos de la Oficina de Transferencias de Negocios de FAE, a la vez que afirman que en la mayoría de los casos que ofrecen «funcionan o han funcionado muy bien».

En la actualidad, en el catálogo que manejan desde FAE se han registrado casi una treintena de negocios ubicados en localidades de menos de 20.000 habitantes, desde una residencia de mayores a una panadería, una empresa eléctrica, una bodega o varios locales de hostelería repartidos por toda la provincia, que están a la espera de que algún emprendedor se decida a asumir el riego que supone mantener o abrir un negocio en estos momentos de incertidumbre.

Algunos de esos negocios, los menos, requieren de una gran inversión ya que tras fracasar el traspaso ahora se encuentran los locales a la venta. Tal es el caso de una residencias de mayores en la localidad ribereña de Adrada de Haza, que lleva varios años cerrada y por la que su propietario pide, a través de la página web de FAE, 4,2 millones de euros, una cantidad que no está al alcance de cualquier emprendedor. Como tampoco lo están los seis millones de euros que piden una bodega en la misma zona.

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