El Ayuntamiento de Burgos retomará el próximo mes de octubre la actividad en las escuelas deportivas municipales. En esta ocasión lo hará cumpliendo la Ley, el mandato que en su día hizo el Consejo de Cuentas y el criterio que, en esta misma línea, compartió también el Consejo Consultivo de Castilla y León. Y ese no era otro que el de la obligación de sacar a concurso la licitación  de todos los contratos para la prestación de un servicio que antes se encomendaba mediante convenios o, como en la última ocasión, con un procedimiento negociado sin publicidad.

La Junta de Gobierno aprobó ayer la adjudicación a la empresa Arasti Barca del programa de la Escuela Municipal de Gimnasia y la coportavoz del Ejecutivo local, Nuria Barrio, detalló que ya solo queda por resolverse el relativo a Esgrima. El resto de los lotes de la licitación (natación, atletismo, fútbol...) ya están resueltos.

Barrio no quiso aventurarse aún a hablar de aforos ya que habrá que estar atentos a la evolución de la pandemia y a las directrices que marquen las autoridades sanitarias.

La edil socialista no desperdició la oportunidad de acordarse de que la Audiencia de Burgos decidió archivar la denuncia que puso el PP en los tribunales al acusar al equipo de Gobierno de haber cometido un delito de prevaricación al hacer caso omiso de un informe de la Asesoría Jurídica y de otro de Intervención en los que se oponían a que se utilizara el procedimiento negociado sin publicidad para encargar a una empresa la prestación del servicio.

Ya la amenaza del PP de acudir a los tribunales provocó que el entonces Gobierno en minoría del PSOE diera marcha atrás e iniciara un expediente de revisión de oficio para deshacer los pasos que se habían dado.

Los socialistas, que no fueron los más rápidos a la hora de trasladar el expediente al Consejo Consultivo, ganaron tiempo y lograron que los niños burgaleses pudieran seguir practicando deporte.

En abril de 2020 se pronunciaba el Consultivo, que anulaba la adjudicación de 4 escuelas deportivas, pero no hubo la necesidad de paralizar el servicio. De eso, por desgracia, se había encargado la irrupción de la pandemia.

La Audiencia de Burgos, tal y como recordó Barrio, dejó claro que no existió por parte del equipo de Gobierno otro interés que el de intentar que los niños no se quedaran sin escuelas deportivas.

Tras conocerse la sentencia, el PSOE pidió la dimisión de la portavoz del PP, Carolina Blasco, y la líder de los populares recordó a los socialistas que la «ilegalidad» se cometió y si los miembros del equipo de Gobierno no han pagado mayores responsabilidades fue porque se vieron obligados a rectificar y a abrir ese expediente de revisión de oficio.

A partir de ahora, las empresas que gestionen las escuelas deportivas lo harán tras haber ganado una licitación pública.