El Grupo Socialista en las Cortes presentó ayer sus propuestas a la futura ley en materia de atención residencial que pasan, principalmente, por incrementar un 25 por ciento las plazas residenciales públicas para personas en situación de dependencia y mayores a lo largo de esta legislatura, además de reclamar que la ley cuente con una memoria económica que detalle el coste de pasar del modelo actual a otro integral centrado en la persona. Un nuevo sistema que, a juicio de los socialistas, debe potenciar los centros multiservicios con el objeto de garantizar la prestación de servicios de proximidad en el ámbito rural, ya sea para que las personas permanezcan en sus casas o en residencias ubicadas en un entorno de 15 kilómetros.

El secretario autonómico y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, subrayó en la presentación de las propuestas, enviadas a la Consejería de Familia e  Igualdad de Oportunidades, que el modelo de atención residencial no ha estado «a la altura» y ha «fallado» durante la pandemia. No en vano, precisó que Castilla y León es la tercera comunidad, después de Madrid y Cataluña, con más fallecidos en estos centros.

El líder socialista calificó de «obsoleto» el modelo de residencias de Castilla y León, después de que la Junta haya apostado por la privatización y hacer negocio con el sector, hasta el punto que recordó que la Administración autonómica no ha creado una sola plaza pública desde que asumió las competencias en Servicios Sociales y que dos terceras partes sean privadas.  

Tudanca temió que, otra vez, la Junta se oponga a aumentar el número de plazas públicas, pese a que es un compromiso incluido en el pacto por la recuperación. «No queremos, como ha dejado caer la consejera de Familia, que concierten más plazas con entidades privada. Lo público es público y queremos que se cumpla lo firmado», dijo.  

unidades de convivencia. El Partido Socialista apuesta, según recogió Ical, por que la nueva ley no se limite a la atención residencial sino que sea integral y se denomine de cuidados de larga duración. La procuradora Nuria Rubio defiende unidades de convivencia, como máximo de 16 personas, que se organizarán en función del grado de dependencia y del estado físico y cognitivo de las personas. De esta manera, las ratios de personas se ajustarán en función de las características de cada unidad y, en todo caso, respetando los niveles establecidos en el Consejo del Sistema para la Atención a la Dependencia.