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La lucha del secretario y el vicesecretario obliga a duplicar consejo y dietas

C.M. / Burgos
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Manero y Pindado remiten numerosos informes contradictorios a los concejales sobre quién debe acudir a las comisiones informativas

La ‘guerra’ de competencias que mantienen abierta el secretario provisional del Ayuntamiento, Luis Alfonso Manero, y el vicesecretario, Francisco Javier Pindado, vivió ayer una nueva batalla al tener que repertirse, a petición del primero, la reunión del Consejo del Instituto Municipal de Cultura (IMC) con los mismos puntos del orden del día que ya habían sido aprobados en la sesión del miércoles pasado.

Esta situación, además de complicar el funcionamiento ordinario municipal, por la inseguridad jurídica de los acuerdos adoptados, también supone un gasto adicional debido a que los corporativos cobrarán por la asistencia a dos sesiones para aprobar los mismos asuntos (1.021 euros cada una de ellas entre todos).

Se da la circunstancia de que en el Consejo del IMCdel 25 de febrero el vicesecretario vetó el derecho de voto a Julián Altable, al pasar a ser concejal no adscrito tras su salida de UPyD, sin embargo el secretario general provisional realizó otro informe en diferente sentido y, apoyado en él, el presidente del IMC decidió volver a repetir el consejo para que Altable pudiera votar los acuerdos.

Hasta ahora las discrepancias entre los dos funcionarios de mayor rango en el Ayuntamiento se habían quedado en cruces de palabras con argumentaciones jurídicas al comienzo de las comisiones o consejos sobre quién debía dar fe y advirtiendo de la posible invalidez de los acuerdos pero ahora han ido más allá.

El portavoz del PSOE, Luis Escribano, pidió ayer al alcalde, Javier Lacalle, que adopte las resoluciones «que sean necesarias» para regular las competencias y funciones que le corresponden tanto al secretario general del Pleno (secretario) como a la Secretaría de la Junta de Gobierno (vicesecretario) para evitar cualquier «inseguridad» en la toma de decisiones. «Se está amenazando el funcionamiento ordinario de la institución hasta llegar a una situación de inseguridad jurídica con efectos demoledores para el Ayuntamiento si se anulan los acuerdos. Nunca antes se había dado una situación de estas características en el Ayuntamiento», apuntó.

La Ley de Grandes Ciudades establece que el secretario general debe estar en el Pleno y las comisiones cuyos dictámenes deben ratificados en sesión plenaria mientras que el vicesecretario debe estar en la Junta de Gobierno y del resto de órganos municipales cuyos acuerdos no debe pasar por Pleno como el IMC, Deportes o Parkmusa. Sin embargo, Manero considera que las competencias de «fe pública y asesoramiento legal de todo el Ayuntamiento» corresponden al secretario general.