Los vertidos ilegales, al igual que los grafitis indiscriminados y el destrozo del mobiliario urbano, se han convertido en uno de los grandes males de Burgos. Pero no solo lo padece la capital y sus polígonos industriales, sino todos los municipios de su alfoz, que han visto como en los últimos meses se han convertido en lugar para el depósito irregular de todo tipo de desechos, desde escombros de la construcción, neumáticos viejos, enseres y muebles en desuso o electrodomésticos, entre muchos otros.   

La última medida contra esta práctica ilegal la ha adoptado el Ayuntamiento del Alfoz de Quintanadueñas, que ha optado por cerrar los accesos a los parques eólicos ubicados en el páramo con grandes puertas metálicas. La medida se ha adoptado al constatar que los autores de los vertidos indiscriminados utilizaban la facilidad de los caminos de acceso a los diferentes aerogeneradores para entrar en esta zona durante la noche y depositar montones de basura a lo largo de las cunetas. 

«Estábamos comprobando que por las noches había gente -creemos que de fuera del municipio- que aprovechaba estos caminos para echar sus basuras», explica el alcalde, Gerardo Bilbao, quien añade que esta práctica se extiende a todos los caminos de este municipio colindante con la ciudad y el vecino polígono industrial de Villalonquéjar.

Es más, el Ayuntamiento optó por colocar un sistema de cámaras de vigilancia para controlar los accesos y el uso del punto limpio de  Quintanadueñas, porque también era utilizado para vertidos ilegales de neumáticos y otros desechos que deben ser convenientemente tratados. 

«Hemos optado por esta medida de seguridad porque teníamos un presupuesto de 1.400 euros mensual para el vaciado de los vertidos ilegales que nos dejaban junto al punto limpio, un servicio que es para uso exclusivo de la gente residente en nuestro municipio».

La mayoría de esos desechos suelen ser bolsas con escombros de trabajos de construcción y reformas en viviendas y empresas, residuos que se pueden depositar en los puntos limpios de la capital, previa presentación de la declaración responsable de la obra de la que salen, el pago de las tasas en función del presupuesto o que requieren de la instalación de contenedores en las calles, con el consiguiente coste de colocación y retirada de los residuos y ocupación de la vía pública. 

Se trata de un permiso que, en la mayoría de los casos, no se ha solicitado, lo que constituye un fraude en materia de trabajo y Seguridad Social, así como el incumplimiento de diversas ordenanzas municipales de limpieza y obras.

Más puntos limpios. La situación en Las Quintanillas, a escasos kilómetros de la ciudad, es también problemática, relata su alcalde, Eduardo Munguía, pues no dejan de retirar escombros, electrodomésticos, colchones, piezas de vehículos... «No hay manera de pillar a los infractores, pues actúan de noche o de madrugada y pensamos que es gente de fuera del pueblo...».

Lo que ocurre en Las Quintanillas es extensible al polígono industrial de Burgos-Este y a todo el cinturón verde de la ciudad. Es una práctica ilegal que se ha generalizado especialmente tras la pandemia y el aumento exponencial de obras de reformas en el interior de las viviendas.

Ante la situación creada, Las Quintanillas planea la construcción de un punto limpio en el municipio con los convenientes accesos y la normativa que rige este tipo de servicios.

En los puntos limpios de la capital, según fija la norma municipal, se pueden depositar electrodomésticos (grandes y pequeños); textil; aceites (vegetal y mineral); vidrio, plástico, papel y cartón; envases de aerosoles; pilas y baterías (inclusive de automóviles); radiografías;madera (restos de jardín, muebles, resto de obras); bombillas, fluorescentes y tubos de led; pantallas de televisión, material informático, teléfonos móviles, colchones y somieres y restos de pinturas.

No admiten sacos de escombros de obras sin la presentación de la licencia oportuna, ni tampoco neumáticos viejos (de obligado reciclaje por parte de los talleres), ni tampoco placas de fibrocemento, residuo peligroso y que requiere de una manipulación y de un tratamiento específico y que es habitual en las cunetas del alfoz de la ciudad. 

La cuantía de las multas por ensuciar el suelo público de la capital oscila entre los 901 euros hasta los 45.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa es mucho más elevada: desde 9.001 hasta 300.000 euros. La Policía Local realiza cada año más de 200 inspecciones en viviendas. El pasado año se pusieron 45 denuncia y este ya llevamos 16.