Solo 1.000 de los más de 7.000 damnificados por el incendio que asoló las localidades de Santibáñez del Val, Quintanilla del Coco y Santo Domingo de Silos, en julio del año pasado, ha presentado reclamación y denuncia en el Juzgado de Lerma, encargado de instruir una causa a la que presumiblemente todavía la quedan unos cuantos meses de instrucción antes de que se decida si se abre o no juicio oral. 

Mientras la Justicia sigue dando sus pasos, al ritmo que permite un juzgado con los recursos personales y materiales como el de la villa ducal, las compañías aseguradoras, más ágiles, ya están abonando a los denunciantes indemnizaciones por los daños sufridos en viviendas, inmuebles, instalaciones agrícolas y ganaderas, o suertes de leña, entre otros bienes. El pago de buena parte de esas indemnizaciones, y los informes de daños medioambientales, vienen a constatar que las cifras finales de este siniestro serán importantes y posiblemente superen los 30 millones.

La media de estos primeros pagos por indemnizaciones o reclamaciones, asegura el abogado Sergio Carpio, del despacho BK ETL Global que defiende los intereses del Ayuntamiento de Santibáñez del Val, oscila entre los 20.000 y 25.000 euros, «lo que multiplicado por esos mil denunciantes nos acerca a una primera cifra, unos 25 millones, cantidad que posiblemente no estará muy alejada de la final», asevera, a la vez que matiza que los damnificados que no han denunciado, es decir otros 6.000, al final del proceso y en función del fallo judicial también podrán sumarse y solicitar indemnizaciones. 

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