El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció hoy que la Junta exigirá que el contrato de la empresa que gestiona el 1-1-2 "se cumpla al máximo de sus posibilidades en favor de las condiciones laborales" de los trabajadores del servicio.

El responsable del departamento realizó estas declaraciones tras conocerse este lunes que los empleados de la sala de Emergencias 1-1-2 y del 061 decidieron por unanimidad, en asamblea, convocar una huelga "como medida ya inevitable ante años de pasividad por parte de los responsables de sus precarias condiciones laborales". Será los días 15 y 16 de julio. Además, han organizado una protesta que se concentrará en la sede del 1-1-2, en el paseo Hospital Militar 24, en Valladolid, a las 11 horas. La manifestación se dirigirá hasta la sede de las Cortes.

En todo caso, Suárez-Quiñones defendió que estas movilizaciones se celebrarán en "varios contextos". Por un lado, dijo en clave nacional, para el que existe actualmente una negociación del convenio colectivo aplicable. Y por otro, en Castilla y León los trabajadores corresponden a una empresa a la que está adjudicado el servicio, como prevé la normativa en esa cuestión indirecta, y "que ha tenido problemas derivados y una serie de incidencias durante estos meses que se están solucionando".

Sin embargo, el consejero subrayó que también hay aspectos "positivos", como es la declaración del servicio como "crítico y esencial", algo que conllevará una serie de mejoras. "Seguiremos trabajando con la empresa y los trabajadores en distintos ámbitos de reunión y concertación para prestarlo en las mejores condiciones, que lo merecen todo", argumentó, para recordar que el 1-1-2 y sus trabajadores hacen una "labor extraordinaria hasta el punto de que es un servicio valorado al cien por cien como excelente por la ciudadanía".

También defendió la "comunicación fluida" con los trabajadores, aseveración con la que contestó a las acusaciones de que "no existía tal relación" entre la Consejería y los empleados. "No es así, es muy directa con el equipo del 1-1-2 y probablemente habrá en próximas fechas otra nueva reunión para valorar todas estas cuestiones y que se sientan escuchados", concluyó.

Cabe recordar, además, que el Consejo de Gobierno aprobó el jueves pasado la contratación del operativo que atiende las llamadas que la ciudadanía hace al número de emergencias 1-1-2 en el territorio de Castilla y León, con un presupuesto de licitación previsto de 9,39 millones de euros, con cargo a las anualidades 2023, 2024 y 2025.

La empresa adjudicataria del contrato deberá encargarse de la explotación operativa de las salas de atención de llamadas de emergencia del Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, así como de las condiciones para la recepción y atención de las llamadas de urgencia y emergencia que sean generadas por la ciudadanía o por dispositivos automáticos a través del teléfono 1-1-2 en el ámbito territorial de la Comunidad.