Los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha exigieron ayer al Ejecutivo nacional una reunión sectorial reducida a las ocho comunidades autónomas afectadas por la despoblación para convertir en «acciones específicas, con calendario y presupuesto», las 130 medidas propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para hacer frente a la despoblación.
En la cumbre celebrada en Albarracín (Teruel), ejerció de anfitrión Javier Lambán, que se refirió a Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha como comunidades «conformantes de la España interior», que sigue «pendiente de políticas y actuaciones que permitan aprovechar mejor su potencial».
En ese sentido, Lambán agradeció las 130 medidas que va a presentar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contra el problema de la despoblación, puesto que son «un paso importante» pero que, por ello, deben tener en cuenta «las aportaciones de las ocho comunidades que, desde hace años, trabajamos en el programa de despoblación».
Estas ocho autonomías son Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León. El presidente de esta última, Alfonso Fernández Mañueco, recordó, en declaraciones recogidas por Ical, que para afrontar la lucha contra la despoblación, no solo vale el «innegable e irrenunciable compromiso con los servicios públicos en el medio rural» que tienen estas comunidades, sino una «apuesta clara» por nuevos servicios como la digitalización, el transporte en el mundo rural, las políticas que permitan el acceso a la vivienda o el fomento de la incorporación de las familias al mundo rural.
También entre estas medidas que trasladarán las tres comunidades al Gobierno están «la apuesta por el turismo, la industria agroalimentaria y las energías renovables», dentro de un problema como la despoblación que «debe estar presente» no solo en esa reunión solicitada con las ocho comunidades afectadas, sino en foros como «el Consejo de Política Fiscal y Financiera o en futuras reuniones de la Conferencia de Presidentes».
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, agradeció la predisposición de los otros dos mandatarios autonómicos por demostrar «ser amantes de los consensos, que traen a España estabilidad y mayorías», en lo que llamó el Pacto de Albarracín que espera «se salga con la suya» ante la futura reunión con la ministra de Hacienda y también en esa solicitada conferencia de ocho presidentes.
Modelo de financiación
También se abordó la necesidad de que el Gobierno establezca un nuevo modelo de financiación autonómica, que fue considerado «primordial» por Javier Lambán, porque «un modelo que no contemple el coste por habitante en la prestación de los servicios, es imposible que ayude a hacer frente a la despoblación».
Y es que, según el presidente de Aragón, «con el actual sistema, estamos en una situación agónica desde el punto de vista hacendístico», puesto que a las tres comunidades les cuesta una plaza sanitaria o educativa «dos, tres o cuatro veces más que en Valencia o Andalucía».
En la misma línea se expresó Alfonso Fernández Mañueco, para quien «un nuevo modelo de financiación autonómico debe tener presente que los servicios deben abordarse en el territorio a todas las personas y debe ser compromiso de país». Una nación que Mañueco consideró que «debe mirar hacia el interior y apostar claramente por el mundo rural» destinando fondos europeos para «reequilibrar políticas públicas en el territorio».