Si en algo se parecen el PP de Pablo Casado y el que lidera su actual presidente, Alberto Núñez Feijóo, es que en ambos casos están convencidos de que la legislatura está agotada. Frente a sus prisas, al calor de las encuestas que le sitúan al borde del inquilinato de La Moncloa –con el apoyo de Vox desde dentro o desde fuera del Gobierno- Pedro Sánchez no deja de insistir en que está dispuesto a acaba la legislatura, que cuenta con Presupuestos Generales del Estado que puede prorrogar para el año que viene, y que por una u otra vía saca adelante los proyectos que lleva al Congreso, incluido el voto del propio PP cuando de la seguridad nacional se trata. Cuanto más insiste el PP, más se atrinchera Pedro Sánchez.
La ofensiva del PP se desató desde el primer momento en el que las matemáticas parlamentaria forzaron al PSOE, primero a coaligarse con Unidas Podemos y luego a buscar el apoyo de ERC para asegurarse la investidura. La que ha resultado ser una de las legislaturas más convulsas de la historia reciente –pandemia, guerra, conflictos internas del gobierno, ha transcurrido sin ninguna posibilidad de acuerdo entre los dos partidos centrales de la política española. La estrategia de Casado estuvo clara desde el primer caso de coronavirus, y la de Núñez Feijóo es la misma mano de hierro en guante de seda, aderezada con algunas contradicciones propias de quienes tratan de marcar distancia con errores del pasado, pero con el mismo tipo de ofertas que responden a criterios ideológicos y con ofertas de pactos que no se sustancian por los mismos intereses partidistas de siempre.
Como España es un país 'balcánico' a la hora de producir más política de la que es capaz de consumir, el episodio del doble espionaje ha vuelto a poner de manifiesto la paradoja del PP, que al mismo tiempo que considera que se ha puesto a los servicios secretos a los pies de los caballos piden que se dé a conocer toda la información que los agentes exteriores pudieron sacar de los teléfonos de Sánchez y otros ministros infectados con Pegasus. Se quiere soplar y sorber al mismo tiempo y no soltar un asunto que les puede proporcionar réditos electorales por la mala gestión que el gobierno ha realizado del asunto. Aunque la seguridad nacional vuelva a estar en almoneda.
El PP, además, solo tiene afinada una parte del discurso económico, la relativa al caramelo fiscal para salir de la crisis económica –por eso está en contra de la reforma laboral, del decreto de medidas contra la guerra, de la bajada de carburantes, de la cadena alimentaria y del tope al precio del gas-, y al que no se le conoce lo que propone para rebajar la inflación. En otros asuntos, como el de la estructura del Estado, Núñez Feijóo ha establecido una nueva doctrina al llevar a la calle Génova un cierto sentimiento autonomista y su apuesta por un "bilingüismo amable". Pero la prueba de que tiene que pulirla son las palabras de su coordinador general, Elías Bendodo, cuando afirma que Cataluña "es una nacionalidad del Estado español, como cualquier otra comunidad autónoma". Si lo que pretende el PP es volver a conectar con la sociedad catalana de esta forma, lo tiene difícil. Sobre todo porque le falta una lectura de los primeros artículos de la Constitución y corre el riesgo de no ser entendido en otras partes de España.