Estar en una prisión en Nueva York «es una guerra mental, emocional y física» por la supervivencia y, si no lo logras, «literalmente puedes morir». Es así como Wilfredo Laracuente recuerda las dos décadas que pasó en seis diferentes cárceles de este estado, donde actualmente se registra un fallecido cada tres días. Afortunadamente, Laracuente no pasó a engrosar esas estadísticas.

Un reciente estudio del Centro para la Justicia de la Universidad de Columbia muestra que las 1.278 personas que perdieron la vida en la última década en los presidios del estado son más que el total de ejecutados (1.130) en Nueva York durante los 364 años en que estuvo vigente la pena de muerte (1608-1972).

Los decesos en prisión se han acelerado desde 1976, -año en que el Departamento de Corrección comenzó a recopilar estas estadísticas-, cuando fallecía un reo cada 12 días, según el estudio de Columbia, llamado Nueva pena de muerte en Nueva York, que analizó datos entre 1976 y 2020.

Entre esos años, perecieron en total 7.504 personas tras las rejas -siete veces el número de los que fueron ejecutados en tres siglos- y aproximadamente la mitad eran negros, pese a que representan menos del 18 por ciento de los residentes del estado.

El análisis indica, además, que en la última década, aproximadamente una de cada tres personas que murieron habían cumplido al menos 15 años en prisión, en comparación con una de cada 29 en la década de 1980.

Según el documento, pese a que en cada grupo de edad han disminuido las muertes, no ocurre lo mismo con los mayores de 55 años y señala que con prácticas de sentencia más duras, la denegación de la libertad condicional y mantener a los ancianos presos, los decesos de adultos mayores ha aumentado enormemente. De hecho, los datos apuntan que el 56 por ciento de los fallecidos en la última década tenía 55 años o más.

Sin esperanza

Muchos han fallecido sin haber tenido la oportunidad de ir ante la Junta de Libertad Condicional -que autoriza o deniega esta medida- debido a sus largas condenas, o bien se les ha denegado, tras lo cual deben esperar dos años para volver a tener otra audiencia y a veces ya es muy tarde para ellos y terminan envejeciendo y muriendo en prisión. «No sabemos la razón de esas muertes», comenta Melissa Tanis, coautora del estudio, y destaca que los datos que el Departamento de Corrección les entregó eran «muy pobres» y se limitaban a negros y blancos, que en conjunto componen el 71 por ciento de los fallecidos. No hay datos para los hispanos en las 53 cárceles del estado, tres de ellas para mujeres. Para el 27 por ciento de las muertes reportadas la raza del reo fue clasificada como desconocida u otra.

Laracuente, que ahora trabaja para el Centro de Justicia, señala, por su parte, que antes de la década de los 2000 no existía la clasificación de hispanos para este sector de la población penal, que eran catalogados como no blancos.

También recordó que vio morir a muchos en prisión porque, tras 15 o 20 años entre rejas «se dan por vencidos, pierden la esperanza» si no cuentan con apoyo de familiares y llega un momento en que «comienzan a ver la cárcel como su hogar».

«Hay muchos problemas mentales. La prisión no es solo física, es también emocional y mental», afirma Laracuente, que tras culminar un bachillerato en prisión en «comportamiento social» y lograr su libertad condicional, salió hace tres meses.

Además, indica que, después de varios años en prisión, se desarrollan enfermedades como asma o bronquitis que empeoran por las condiciones en las celdas, donde la mayoría no tiene ventanas y la comida y el tratamiento médico dejan mucho que desear.

El estudio hace recomendaciones entre ellas que se apruebe un proyecto de ley que cambiaría los criterios para conceder la libertad condicional centrando la decisión no tanto en la razón por la que está preso, sino en el riesgo que representa ahora y su rehabilitación.