Era viernes por la noche de una otoñal jornada de noviembre. Francia se preparaba para comenzar un fin de semana con una cita especial: el partido, amistoso, pero siempre atractivo, entre su selección de fútbol y la de Alemania en el Estadio de Francia. Allí, a las 21,20 horas del 13 de noviembre de 2015, comenzó la tragedia que puso a París en el centro de la atención mundial. Un terrorista suicida accionó su cinturón de explosivos y dio paso a una cadena de atentados que durante tres intensas horas acabó con las vidas de 130 personas, dejó heridas a 415 y abrió una profunda herida, no solo en la nación gala -que ese año ya había recibido un duro golpe yihadista con la matanza de Charlie Hebdo-, sino en el seno de una Unión Europea que demostró sus carencias a la hora de impedir una ofensiva que podría haber sido atajada con algo más de coordinación y atención.

Esta misma semana, durante el juicio por los atentados -que comenzó el pasado septiembre y se prolongará hasta mayo- el que fue presidente de Francia en 2015, François Hollande, reconoció que su Gobierno no tenía la información para «prevenir» los ataques. 

«Hicimos todo lo que pudimos. Pero no contábamos con la información de que pudiera haber evitado los atentados del 13 de noviembre. El día anterior teníamos conocimiento de los individuos, pero no podíamos imaginar que actuarían», defendió en su comparecencia, que aprovechó para pedir perdón a las víctimas y a sus familias por no haber podido evitar la matanza: «No sabíamos cuándo, cómo y dónde iban a atacar». 

Y es que los fallos de información -en muchos casos por la falta de coordinación entre los socios europeos- permitieron que el 13-N se perpetrase sin resistencia. 

Los más graves tienen que ver con el seguimiento policial y judicial de los terroristas, ya que prácticamente todos estaban fichados y de muchos se había recopilado información que hacía presagiar que acabarían actuando de esa manera. Fracasó la vigilancia a tres destacados miembros de los comandos, entre ellos Salah Abdeslam, único terrorista superviviente, controlado desde enero de 2015 por su intención de viajar a Siria -como hizo su hermano Brahim- para unirse al Estado Islámico -se había radicalizado un año antes y su extremismo era patente-. Sin embargo, su caso fue archivado un mes después por «capacidad insuficiente de investigación».  

En agosto, un juez francés recibió una información sobre que Abdelhamid Abaaoud -ideólogo de la masacre- preparaba un atentado en una sala de espectáculos de París. El magistrado lo comunicó a los servicios secretos, que transmitieron la información a Bélgica, pero que no investigó el entorno de Abaaoud -entre ellos, los dos hermanos Abdeslam, ya fichados por terrorismo-. Salah, además, no tuvo problemas para, entre agosto y octubre, trasladar en cuatro o cinco viajes entre Hungría y Alemania a una decena de miembros de los comandos infiltrados durante la crisis migratoria. El joven llegó a ser detenido en un control de carretera en Austria, pero le dejaron continuar con su camino al no cotejar datos con Bélgica.

El mismo día de la tragedia, en medio de la cadena de atentados, se vivió otra situación inverosímil: ocho militares fuertemente armados acudieron a la sala Bataclan poco después de comenzar la ofensiva terrorista. Pudieron evitar que la matanza fuera a más, pero no recibieron permiso para utilizar sus armas largas porque en Francia solo se puede hacer en tiempo de guerra. Finalmente, un comisario de Policía entró en el local, sin esperar instrucciones de superiores. Con su actuación, mató a uno de los asaltantes y obligó al resto a replegarse a un piso superior, lo que permitió empezar a evacuar al público.

Y el colmo llegó un día después, cuando Abdeslam logró huir de Francia pese a ser detenido en un control policial: el informe desde Bélgica llegó demasiado tarde. Como la actuación para evitar el 13-N.