Una subida del 5% en cada uno de los tres años de vigencia y la recuperación de una cláusula de revisión salarial al IPC real que dejó de ser efectiva hace más de quince años. Esta es la primera reivindicación que consta en la plataforma presentada por los sindicatos en la negociación del convenio del sector de limpiezas, uno de los más importantes de la provincia con más de 3.000 trabajadores en nómina (la mayor parte de ellos mujeres), y que se desarrolla en el escenario más hostil de los últimos 37 años. Los precios casi un 10% más altos no solo castigan a los salarios -en muchos casos por debajo de los 1.000 euros- sino también a unas empresas con una alta carga de mano de obra y con contratos públicos y privados que exponen su rentabilidad al límite.  

Limpiezas ejemplifica la situación que vive la negociación colectiva en Burgos en estos momentos, en mitad de una tormenta perfecta inflacionista y con las economías domésticas y empresariales ahogadas. En este clima enrarecido, sindicatos y patronal exigen «responsabilidad», la palabra de moda del momento, entendida por los primeros como recuperación del poder adquisitivo de las familias y, por los segundos, como contención máxima para no contribuir a una peligrosa espiral inflacionista que arrastraría a todos.

El pasado miércoles, empresarios y sindicatos (CCOO, UGT y CGT) celebraron la segunda reunión negociadora de limpiezas, en la que quedó clara la negativa de la patronal de no actualizar las tablas salariales al IPC y menos de volver a recuperar la cláusula de revisión salarial (que se anuló a cambio de incluir en salario base el plus del transporte).

Su argumento es que se está pidiendo un incremento salarial del 30% y las empresas ya están operando al límite de sus posibilidades. En los contratos con la Administración, explica Jesús Martínez Nogal, presidente de Abelel, se aplica la Ley de Desindexación de 2012 que impide actualizar los contratos públicos al IPC, «lo que nos genera un gran problema en los contratos firmados». 

Los clientes privados -otras empresas como industrias, oficinas, alimentación, viviendas, hostelería, colegios, hospitales, etc.- tienen que aplicar la recomendación del Banco de España de no generar una espiral inflacionista y «exigen a sus proveedores -a nosotros- un esfuerzo en la contención de gastos y costes en sus servicios».

«Con este escenario, se requiere una contención y un esfuerzo en los incrementos de los costes salariales en un sector en el que la mano de obra supone hasta un 80% de esos costes», señala Martínez Nogal, quien entiende «lógico» que se demanden subidas salariales con la actual situación «pero nos movemos en un escenario en el que todos tenemos que ser responsables». 

Mileuristas. Al otro lado de la mesa, argumentan los sindicatos, también hay muchas economías familiares en riesgo. El salario de una trabajadora de limpieza no llega en muchos casos a los mil euros (800 euros) y solo los superan (hasta los 1.080) si se incluyen trienios. «Todas las empresas contratan por jornadas de 4 horas o como mucho de 6, por lo que los salarios son muy bajos, más con todo el alza de las facturas que hay que afrontar con la subida del IPC. Muchos soportan con este dinero a su familia, el alquiler, la hipoteca, la luz...», explica Inés Ausín, representante de UGT, quien insiste en que «no van a ir hacia atrás» en sus reivindicaciones.

Los sindicatos recuerdan que durante la pandemia a los trabajadores de limpieza se les consideró «héroes» por estar en primera línea y ahora se sienten olvidados.

Vista la negativa a la subida al IPC, en estos momentos la negociación se centra en los puntos sociales. Preocupa que entre 2022 y 2023 va a haber muchas jubilaciones «que no se están cubriendo» y también la irrupción de trabajadores extranjeros que están trabajando horas «a destajo» sin respetar ningún convenio y sin estar afiliados a los sindicatos. 

La próxima reunión entre las partes esta prevista para el 11 de mayo. De entrada, la previsión es que el IPC siga muy alto .