El reparto de fondos europeos está generando un notable estrés en el Ayuntamiento de Burgos y, casi con toda seguridad, en un buen número de entidades locales de todo el país. Pese a que la lluvia de millones que se están distribuyendo para el desarrollo de inversiones es recibida como una oportunidad que no se puede dejar escapar, la realidad se está tornando más compleja cuando de lo que se trata es de tener listos los proyectos para sacar a concurso la ejecución de las inversiones en los exigentes plazos marcados por el Gobierno de España. Prueba de ello es que el Consistorio burgalés, a tenor de los tiempos que ahora mismo marca el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, debe licitar 7 millones de euros antes del próximo 30 de junio si no quiere ser penalizado.

La situación actual se describe con que el Ayuntamiento no ha licitado aún ninguna de las inversiones que recibirán fondos de Europa a través de este Ministerio y lo más que ha logrado es aprobar algún que otro proyecto. Es el caso del de la creación de la Zona de Bajas Emisiones, cuyo trabajo posiblemente se ha tenido que desarrollar sin el tiempo de reflexión y análisis que a los técnicos municipales les hubiera gustado disponer. Ahora quedan poco más de dos meses para elaborar el pliego y licitar si no se quiere ser castigado por incumplir los plazos. La misión no es sencilla.

En la Sociedad de Promoción, que es la se está encargando de solicitar los fondos (luego son las distintas áreas las que deben de elaborar los pliegos), son conocedores de que el Ministerio ha planteado una penalización a quienes no cumplan con los tiempos marcados, pero desconocen hasta dónde puede llegar el castigo ya que de eso nadie les ha informado.

A esta presión extra se suma el hecho de que el Ministerio no ha comunicado aún una resolución (ni provisional ni definitiva) con el reparto de estos fondos. Y eso, según indican, está generando un trastorno a las entidades locales ya que no pueden disponer del crédito necesario para poder licitar las inversiones.

Se confía en que el Ministerio amplíe los plazos ya que existe el convencimiento de que el caso de Burgos es el de muchos municipios de tamaño medio con unos recursos humanos limitados. Pero lo único cierto a día de hoy es que lo único que se ha aceptado es extender del 30 de abril al 30 de junio la fecha tope para licitar.

Aseguran en Promueve que ya está habiendo ciudades que están renunciando a algunos de los fondos al temer que no van a poder cumplir los plazos. No quieren enfrentarse a la posibilidad de no cumplir los compromisos, tener que devolver el dinero y también los intereses.

Según interpretan en la Sociedad de Promoción, en el Ministerio se prefiere una renuncia a tener que presentarse ante la Unión Europea con proyectos inconclusos.

Habrá nuevas convocatorias y las entidades locales podrán concurrir a ellas cuando tengan los proyectos listos para lanzarse. ¿Ha habido precipitación? ¿Es el Ministerio demasiado exigente en los plazos? Esas son dos de las grandes preguntas a las que el tiempo dará respuesta.

Cabe recordar que fue a finales de febrero cuando el Ministerio publicó la lista de proyectos que iban a resultar beneficiarios de las ayudas y ahí aparecían los 3,9 millones que el Ayuntamiento recibirá para las peatonalizaciones totales o parciales de la calles Roma y Grandomntagne o de la plaza Lavaderos. También los 2,6 millones para la creación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y otros 400.000 para la mejora de la accesibilidad de paradas de autobús.

No son tampoco fáciles los plazos que se deben de cumplir para los 3 millones (aquí sí hay una resolución en firme) para los más de 3 millones de euros que el Ministerio de Comercio ha concedido a la ciudad de Burgos. Aquí, de lo que se habla es de que estén ejecutados este año, aunque en este caso en la Sociedad de Promoción se es más optimista.

El temor es menor ya que hay alrededor de 2 millones que están vinculados a la recogida de residuos y ahí se cree que no habrá problemas para superar los trámites.