Las agresiones a trabajadores sanitarios de Castilla y León no cesan y cada vez se producen con más frecuencia. Solo durante los nueve primeros meses de este año, la Consejería de Sanidad ha contabilizado 614 ataques a profesionales, un «preocupante» incremento de casi el cuarenta por ciento respecto a las 444 del mismo periodo de 2021, y que deja una media de algo más de dos agresiones diarias en los centros dependientes del Sacyl. Tal es la situación, que el departamento que comanda Alejandro Vázquez reconoce que está estudiando la posibilidad de instalar circuitos de cámaras de seguridad para disuadir a los violentos en las zonas más conflictivas. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, Jesús García-Cruces, fue el encargado de presentar ayer estos datos, ante los que hizo un llamamiento a la sociedad para acabar con una lacra que «no tiene ninguna justificación y que no beneficia a nadie».

El viceconsejero, que presidió la reunión de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León, también anunció que a las medidas que se vienen tomando para frenar las agresiones se sumará la elaboración de un mapa de riesgos para detectar los centros en los que se registran más incidentes. En este sentido, argumentó que la situación provocada por la covid puede ser «explicativa» de este incremento de las agresiones, pero nunca «justificativa», a la vez que indicó que la mayor parte de los incidentes se produce fuera de los hospitales.

El resumen del Observatorio entre enero y septiembre indica que el número de trabajadores agredidos en Sacyl asciende a 614, en un total de 535 incidentes registrados, frente a los 444 casos del año 2021. Por áreas de salud, las 614 agresiones se distribuyeron así: Ávila 74, Burgos 100, León 62, El Bierzo 16, Palencia 25, Salamanca 48, Segovia 37, Soria 22, Valladolid Este 134, Valladolid Oeste 54 y Zamora 42. 

La mayoria, en hospitales

De esos 614 profesionales agredidos, 352 lo fueronen el ámbito hospitalario, un 57,3% del total, frente a los 218 el año pasado. En Atención Primaria se registraron 261 agresiones, un 42,5% del global, por encima también de las 225 de 2021, y en Emergencias Sanitarias no hubo ninguna, por una en las gerencias de salud de área. Por categorías, los 614 trabajadores agredidos 177 fueron médicos (162 año pasado); 251, profesionales de enfermería (161); 94, TCAE (48); 37, celadores (30); 43, personal administrativo (37) y 12, otro personal (6).  Según el mes del año, el informe revela que julio y agosto fueron el peor periodo, con 91 y 87 agresiones respectivamente. Por sexos, 89 agresiones fueron contra hombres (el 14,5 por ciento), mientras que 525 (el 85,5 por ciento) fueron contra mujeres, con enfermeras (227) y médicas (127) en primer lugar. Como hecho comparativo, en el caso de los hombres la cifra más alta de agresiones (50) fue en médicos, por 24 a enfermeros. 

Más verbal que físico

Las agresiones físicas sumaron 180 del total, frente a 503 que fueron verbales o gestuales. Por ámbitos, 130 de esas 180 agresiones se produjeron en servicios de Psiquiatría, frente a las 54 del año pasado o las 39 de hace dos años. Otras 12 lo fueron en Urgencias; 13, en consultas; 18, en hospitalización y el resto fueron en otros ámbitos. En cuanto a las causas registradas como posibles desencadenantes de la agresión, el balance enero-septiembre de 2022 indica que en primer lugar se encuentra una disconformidad con la atención recibida, seguida por un trastorno del usuario o por no atender sus demandas. Otras causas se refieren a disconformidad con el trato o espera.

259 sentencias

En total, las agresiones a los trabajadores de Sacyl acumulan ya un total de 259 sentencias judiciales condenatorias y otras 119 sanciones de tipo administrativo. El Código Penal introduce todos los supuestos de agresión, empleo de violencia o amenazas graves sobre el profesional sanitario, reflejando que se considerarán actos de atentado los que se cometan cuando el trabajador se halle en labores de su cargo, en el ámbito de la asistencia sanitaria pública, con penas para el agresor de uno a cuatro años.

En este sentido, la Consejería de Sanidad sigue trabajando de forma permanente con la Fiscalía, a la que se remiten todas las denuncias que se reciben para que sean tipificadas como delito de atentado. Además, se quieren fortalecer los vínculos y protocolos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, reforzando la colaboración e intercambio de información con el interlocutor policial sanitario, con el que cualquier profesional puede contactar en búsqueda de asesoramiento y pautas de actuación, además de poder recibir formación.

«Inasumibles»

Tras conocerse los datos, la UGT consideró estas cifras como «inasumibles», y lamentó que la situación es «insostenible». «Algo que debería remover conciencias en la Consejería de Sanidad y en la sociedad de la comunidad», denunció el secretario autonómico de Sanidad del sindicato, Miguel Holguín, que consideró que esta situación puede obedecer, entre otras razones, a que la presión de una Atención Primaria insuficiente.