El Ayuntamiento de Burgos quiere asegurarse de que la protección del edificio Campo no quede bajo sospecha. Uno de los inmuebles más icónicos del centro de la ciudad, que desde sus inicios estuvo rodeado de polémica por su estética rompedora, trata desde hace algún tiempo de salvaguardar sus últimas plantas que llevan en «disconformidad con el planeamiento» más de dos décadas. Y los responsables municipales pretenden tomar una decisión al respecto sin generar ruido o sin que nadie pueda reprocharles falta de objetividad con el tratamiento de esta pieza urbanística tan delicada.

Hace un año que los dueños del inmueble solicitaron un cambio en el PGOU que permita conservar las dos plantas superiores, séptima y octava, aquellas que sobresalen del resto de la Plaza Mayor. Lo hicieron con el aval de Icomos, organismo asesor de la Unesco, quien previamente había emitido un informe defendiendo el valor del conjunto como ejemplo de la arquitectura del movimiento moderno que se extendió por toda España en los años 50 y 60.

La presentación de los documentos ante el Consistorio tuvo lugar en noviembre de 2021 y durante todo este tiempo los técnicos municipales, en teoría, lo han estado analizando. Se redactaron los correspondientes documentos para avanzar en el expediente y todo parecía preparado para incluirlo en el orden del día del Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda. Sin embargo, en el último momento se retiró para evitar dudas técnicas y probablemente también políticas, pues era un asunto que debían votar los partidos del Gobierno municipal y también los de la oposición.

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