Aqualia, el gigante empresarial del Grupo FCC, va a por todas. Si hace más un año ya advirtió a Aguas de Burgos que no estaba dispuesta a seguir asumiendo los sobrecostes derivados de la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar, el siguiente paso dado por la compañía ha sido pasar de las palabras a los hechos y presentar una demanda en el juzgado en la que exige a la empresa municipal el abono de algo más de 3,8 millones de euros.

La demanda, al menos en términos cuantitativos, es, seguramente, el mayor conflicto judicial al que se enfrenta Aguas de Burgos en muchos años. Si bien las arcas de la sociedad municipal gozan de un buen estado de salud, también es cierto que provocado en buena medida por los ahorros que ha generado no reemplazar a una plantilla cada vez más mermada y por una política de inversiones contenida, lo cierto es que un revés de esta magnitud en los tribunales también se dejaría notar.

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