Han pasado 44 años desde que otro 6 de diciembre 26,6 millones de españoles fueron convocados para ratificar (o rechazar) en referéndum una nueva Constitución democrática que dejaba atrás el régimen de los que ganaron una guerra (in)civil. Una participación del 68% acreditó que los españoles estaban por la labor de dotarse de una nueva ley de leyes, un marco para convivir en paz y progreso. El 88% de los votantes (59% del censo) aprobaron y asumieron la Constitución de 1978 que el día 28 el Rey firmó para su publicación en el BOE con inmediata entrada en vigor. De entonces acá transcurre la historia de la democracia española. 

La Constitución española se inspira en las otras siete constituciones anteriores, para mejorarlas, y en las de los países democráticos vecinos, especialmente de la alemana y la italiana, para asumir su espíritu y adaptarlo a la realidad y la tradición española. Una Constitución que define con amplitud los derechos de los españoles y, con más tibieza, sus deberes. Una Constitución orgullosa, segura de sí misma, que renunció a una defensa activa de la misma, que ampara las discrepancias, que no requiere una defensa militante frente a los que la rechazan. 

La adhesión a la Constitución fue de una sólida mayoría en todo el territorio, en todas las provincias, incluidas las que sienten una identidad propia que la Constitución asume en sus disposiciones. Una Constitución orgullosa que regla los procedimientos para su reforma y actualización, con algunas cautelas en sus aspectos fundamentales para garantizar una decisión responsable.

Quizá no es la mejor Constitución, sus autores pudieron precisar algunos de sus aspectos; el tiempo acredita que se pudo hacer mejor. Pero me caben pocas dudas de que es la mejor de lo que era posible en aquel momento y para un largo futuro. Todas las anteriores, desde la de Cádiz de 1812 a la de la II República, contenían defectos, mermaban libertades y reconocían menos derechos. Llegados a este día, ¡larga vida a la Constitución de 1978!