Aunque finalmente el Estado se vio obligado a devolver las cuantías recaudadas por las sanciones impuestas durante los dos estados de alarma declarados por la pandemia, la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que sus detractores le pusieron el apodo de 'ley mordaza', se convirtió en la muleta en la que los agentes policiales se apoyaron para poder castigar comportamientos insolidarios como los quebrantamientos del toque de queda, el confinamiento o la negativa a usar la mascarilla. Y no fueron pocas las veces que tuvieron que sacar el bolígrafo para poner la pertinente 'receta'.

En 2020, en lo peor de la covid-19, las denuncias se dispararon hasta alcanzar su máximo histórico. Su descenso en el siguiente ejercicio es otra prueba de la llegada de la normalidad. De las 5.406 multas notificadas se pasó a las 2.762 del pasado año.

Ligarlo al impacto del coronavirus es inevitable. Porque el espectacular incremento de las sanciones hace dos años se sustenta en 3.029 actas levantadas por infringir el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es decir, por «resistirse y desobedecer a la autoridad en el ejercicio de sus funciones».

Las multas por consumo y tenencia de drogas fueron 1.772, casi 300 más que el año anterior.

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