«Es un hombre sereno con el que no es difícil entenderse». Hay coincidencia a la hora de valorar este rasgo de carácter del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo afirman sus cercanos e incluso lo comparten sotto voce sus adversarios políticos. Quizá por eso, su llegada a la cúpula del edificio popular ha supuesto un cambio en la relación con el PSOE, tanto en el tono como en la reactivación del diálogo, sin grandes pactos aún pero con acuerdos en temas como el voto rogado.

En el primer mes de Feijóo como líder de la oposición, el Gobierno y el PP han reconstruido los puentes rotos que dejó la etapa de Pablo Casado y han retomado el diálogo, primero con una reunión de los líderes en Moncloa y después con dos canales de comunicación, en Justicia y en Economía, que permanecen abiertos pese al desacuerdo en economía (los populares votaron en contra del decreto anticrisis del Ejecutivo de Pedro Sánchea) y la inclusión de partidos como EH Bildu y ERC en la comisión de secretos oficiales del Congreso.

El PP ha rechazado tajantemente este cambio de postura, pero mantiene la voluntad de pactar y argumenta que es el Gobierno quien debe elegir si mira hacia el centro, hacia los populares, o si continúa de la mano del bloque de investidura. Argumentan que si Sánchez pacta con EH Bildu es porque quiere, no porque no le ofrezcan alternativas.

Como ejemplo, aluden al plan anticrisis donde, según fuentes de la dirección, estuvieron abiertos a la abstención hasta el final (de lo que el Gobierno desconfía), pendientes de una llamada para negociar que no llegó porque Sánchez optó por agarrarse al salvavidas de última hora que le lanzó Bildu.

El no del PP, sin embargo, fue celebrado por perfiles duros, como el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que sostuvo que «donde esté ETA es mejor no estar».

En todo caso, las vías de comunicación continúan en Economía entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicesecretario de Economía del PP y consejero andaluz, Juan Bravo, y en Justicia, con la interlocución entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en vía muerta hace años.

Aunque en economía el PP ya ha fijado su propuesta, recogida en un plan que incluye rebajas de impuestos por debajo de los 40.000 euros, ayudas directas o racionalización del gasto, en Justicia el PP busca negociar sin líneas rojas y fuera del foco, sin hacer públicas sus posiciones de partida.

Más flexibilidad

Así, el PP no sostiene ya las posturas de máximos de Casado, que para renovar el Consejo General del Poder Judicial exigía una reforma de su sistema de elección para que la mayoría de los vocales sean elegidos de forma directa por los propios jueces y, como pista de sus demandas, aludió a la Unión Europea, donde al menos la mitad del órgano es elegido por los magistrados.

Más allá de este gran pacto pendiente, PSOE y PP sí se han puesto de acuerdo para derogar la necesidad de los españoles que viven en el extranjero de rogar su voto o en el decreto para reforzar la transparencia de la Casa Real, un asunto donde la coordinación existía también durante la etapa de Casado, aunque no llegó a trascender.

El cambio es por lo tanto evidente en comparación con la etapa del anterior líder del PP, que resolvía buena parte de sus diferencias con el Gobierno abriendo frentes judiciales. Mejor sensibilidad sí, pero eso no quiere decir que la rivalidad entre el PSOE y el PP no continúe.

De hecho, el PSOE afirma que el PP «sigue siendo un partido podrido por la corrupción» y no se fía del perfil «aparentemente moderado» de Feijóo. Por su parte, el PP centra sus críticas en dos frentes: el «debilitamiento del Estado» por los pactos del Gobierno con partidos independentistas como Bildu y, sobre todo, el ámbito económico, en el que culpan a Sánchez de hacer una gestión negligente.

En definitiva, hondas discrepancias pero también voluntad de acuerdo en asuntos de Estado.