Ahorros de hasta un 40% en la facturación eléctrica en plena crisis inflacionista, una legislación nacional que la ampara y las ayudas vinculadas a los fondos europeos Next Generation para la transición energética están animando a dar los primeros pasos en el autoconsumo eléctrico de municipios, comunidades de vecinos, de pymes y también de particulares reunidos. El interés por las comunidades energéticas empiezan a ser una realidad en Burgos y en su provincia, con el incipiente proyecto de Medina de Pomar a la cabeza, y se espera que en los próximos meses empiecen a dar sus primeros frutos.
Impulsadas por los denominados proconsumidores, propietarios (institucionales, particulares o empresas) de los activos (principalmente pequeñas instalaciones de paneles fotovoltaicos), una comunidad energética es una figura legal nacida dentro del nuevo modelo energético distribuido impulsado desde Europa, que acerca al máximo la generación y la distribución de electricidad al punto de consumo, con instalaciones más pequeñas, más sostenibles y más localizadas en el territorio.
«Estamos ante un vehículo que permite desarrollar proyectos de transición energética en el ámbito local impulsados por los propios consumidores, entidades públicas, pymes y personas», resume Luis Molano, CEO de Senda, una lanzadera de comunidades energéticas integrada dentro del proyecto Polo Positivo, impulsado por la Fundación Caja de Burgos. Esta empresa, participante en el primer encuentro de Nexworking celebrado recientemente en el Edificio Nexo, se ha especializado en la realización de proyectos 'llave en mano', lo que incluye unir a los proconsumidores, ejecutar sus ideas y hasta incluso gestionarlas a lo largo del tiempo.
La finalidad última de esta reunión de intereses es promover la producción de energía y gestionar su autoconsumo, su reparto y sus excedentes. En países como Alemania, Dinamarca o Países Bajos tienen gran implantación estas comunidades. En España hay medio centenar en marcha con cerca de 3.000 personas, pymes y entidades locales implicados.
Europa. Se trata de entidades autónomas con personalidad jurídica propia, que cuentan con el respaldo legal que emana de la transposición al ordenamiento jurídico español de una directiva europea.
La ley determina la ausencia de ánimo de lucro de esta figura, cuyo objetivo último es trabajar en la sostenibilidad y la transición energética. «Son accesibles, abiertas a quien quiera participar, aunque dentro, lógicamente, de un entorno local delimitado, característica esta que le diferencia del autoconsumo colectivo, que se acota, por ejemplo, a los vecinos de un mismo bloque de pisos», explica Molano.
Tampoco son comunidades solares como tal, aunque su principal fuente de energía proceda del sol. En este caso el propietario de los paneles no es una comercializadora que alquila los alquila, sino que los integrantes de una comunidad energética son dueños de sus activos. «El protagonismo recae en todos sus miembros, no en una compañía energética o una comercializadora. Los proconsumidores asumen los objetivos y la responsabilidad del proyecto de transición energética que han decidido emprender».
Instituciones públicas (ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades) y privadas (comunidades de vecinos, cooperativas agrícolas, asociaciones de comerciantes, culturales o de pymes en polígonos y personas) ya están detrás de estos proyectos, que cuentan con ayudas directas (de hasta un 30% y un 40% de la inversión realizada) y con fondos europeos.
Rentabilidad. El éxito del proconsumo radica en su rentabilidad, en el ahorro que genera en todos los miembros de la comunidad (sin contar con las ayudas públicas). «Estamos hablando de ahorros entre un 30% y un 40% en la factura que, permiten, si así se diseña, autofinanciar la adquisición y la instalación de las placas fotovoltaicas y reducir además las facturas».
Senda apuesta por proyectos lo más accesibles posibles para los proconsumidores, que no exijan una inversión inicial fuerte en instalaciones. «Insistimos en que en ellos puedan participar desde jóvenes a jubilados o los que vivan en un chalet o en un piso, aunque el grueso del bloque de viviendas no participe en el autoconsumo. Democratizamos física y económicamente el acceso a ahorros energéticos».
Los paneles se ubican, principalmente, en ubicaciones físicas sin uso, cubiertas de edificios públicos (casas consistoriales, bibliotecas, colegios, polideportivos) o parcelas. El único escollo legal que encuentran en la actualidad es el límite de 500 metros a espacios urbanos, aunque es una distancia que se prevé ampliar (hasta al menos dos kilómetros) como ya ocurre en otros países del entorno.