El confinamiento, el toque de queda o la obligación de portar mascarilla son restricciones que están dando lugar a numerosos expedientes administrativos (multas que tramita la Subdelegación del Gobierno), pero también han provocado el inicio de procedimientos penales en la jurisdicción de menores, en concreto media docena, un número que «entra dentro de lo normal», según advierte el fiscal delegado, José Fernández. De ellos, cuatro se han abierto a chavales que se han resistido o han agredido a los agentes tras oponerse a cumplir con el horario de irse a casa o por no llevar mascarilla. Los otros dos quebrantaron una orden judicial de confinamiento. 

Entre los primeros se halla el caso del joven de Miranda que tuvo que ser reducido por la Policía Local tras enfrentarse a los funcionarios públicos. La intervención fue grabada en un vídeo en el que se observa cómo un agente reduce con contundencia al menor, que intenta zafarse durante unos minutos antes de ser esposado e introducido en el vehículo policial. 

Tras una breve discusión con forcejeos, según la versión policial, el joven intentó agredir con la cadena del perro a uno de los agentes. En este instante es cuando se procede a reducirle, actuación que queda grabada en las imágenes, en las que se puede apreciar que el agente inmoviliza al chico en el suelo con ayuda de rodillas y brazos.

En la capital burgalesa, la Policía Local ha intensificado su presencia en las calles en los últimos días para controlar el toque de queda, que los grupos de jóvenes no superen las seis personas, el botellón, etc. Sin embargo, el pasado fin de semana en las faldas del Castillo se reunieron numerosas pandillas en torno al alcohol, una práctica prohibida incluso fuera del contexto de la pandemia.