España espera como agua de mayo los 140.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea dentro de los fondos Next Generation EU que están condicionados a que el Gobierno presente un plan de reformas estructurales para los próximos cinco años. 

La ministra de Economía, Nadia Calviño, consciente de la situación que atraviesa el país, aseguraba recientemente que, pese a que se avanza «en la buena dirección, no significa que la recuperación económica del país vaya a ser fácil y, de hecho, los próximos meses van a ser muy complicados» en el plano empresarial, financiero y laboral.

Las exigencias comunitarias suponen unas medidas muy enfocadas en impedir que cualquier Estado de la eurozona despilfarre las ayudas para superar la crisis sanitaria y económica y genere, además, una nueva deuda pública, lo que obliga a los Estados miembro a preparar una batería de ajustes convincentes que deberán pasar un examen exhaustivo del resto de los socios comunitarios.

La UE aprobó el pasado ejercicio un plan de recuperación de 750.000 millones de euros para los 27 países miembros. De ellos, el 65% (560.000 millones) se fijaron como ayudas a fondo perdido y el 33% restante (190.000 millones), como préstamos a devolver. Para acceder a los 560.000 millones (77.324 en el caso español), cada gobierno se comprometió a aprobar un paquete de reformas e inversiones en línea con las exigencias que pide el Bloque.

Entre las prioridades para este año, el Ejecutivo asegura estar centrado en el control de la pandemia e implementar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para asegurar la eficacia del Plan de Recuperación que, además, supone una oportunidad para modernizar el país con iniciativas como la Agenda España Digital 2025.

Las Cuentas públicas, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, recogen 27.000 millones de euros del total de 140.000 millones de fondos europeos que recibirá España hasta 2026, de ellos unos 72.000 millones en subvenciones hasta 2023 y el resto en préstamos.

La cifra de ayudas directas que no hay que devolver (72.000 millones), a pesar de resultar muy abultada, prácticamente se reduce a la mitad (35.000 millones), ya que España debe contribuir solidariamente con el volumen total de 750.000 millones que recibirá el conjunto de los Estados socios. 

En este sentido, algunos de los requerimientos que exige Bruselas a España para pasar esta prueba se basan en reducir la deuda pública, que este año alcanzará en torno al 120% del PIB, emprender reformas estructurales que van desde políticas de educación y formación profesional hasta de energía, mercado laboral, pensiones, mejora del clima empresarial, una mejor regulación fiscal, gestión de la movilidad sostenible y la modernización de la Administración pública.  

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitirá el Gobierno, previsiblemente en el mes de marzo o abril, requiere, sobre todo, poner en marcha los ajustes del mercado de trabajo y de las pensiones, que son unas exigencias muy demandadas desde Bruselas y que cuente, además, con el consenso de los agentes sociales y asegure la estabilidad de la Seguridad Social en las próximos décadas, un requerimiento complicado ante la división del Gobierno de coalición.

Según la vicepresidenta tercera, las medidas en las que el Gabinete de Pedro Sánchez está trabajando se dirigen a incrementar el crecimiento potencial económico por encima del 2%, así como a reducir el desempleo estructural, aumentar la productividad y avanzar hacia un patrón de expansión más inclusivo y sostenible desde el punto de vista económico, financiero, ambiental y social.

Asimismo, entre las imposiciones establecidas por la UE, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó la transición energética, la digital y la sostenibilidad presupuestaria. La filosofía de estas condiciones no son otras que evitar que cualquier país emprenda un camino de gastos electoralistas, sin hacer frente a unos planes que aseguren que esos fondos multimillonarios sirvan para colocar a la Unión Europea en una buena posición competitiva para los retos que tiene por delante en el futuro. 

Consenso

Los economistas sostienen que la condicionalidad de las ayudas busca que existan consensos internos en todos los estados entre el Ejecutivo y los partidos de la oposición para favorecer, de esta manera, que las reformas se empleen en interés de toda la población con proyectos viables y perdurables, dejando atrás actividades y sectores que los mercados y las nuevas tecnologías han demostrado obsoletos en el corto plazo.

A pesar de que las soluciones que propone ahora la UE se alejan de la austeridad marcada en la crisis de 2008, la Comisión recuerda que las reformas deben ejecutarse en aspectos que sean prioritarios como la transición energética, la modificación del marco laboral, las finanzas públicas, tanto en ingresos como en gastos, la viabilidad de las pensiones, la inversión en investigación y desarrollo, la lucha contra la desigualdad mediante políticas sociales, la mejora de los niveles de educación y las reformas de las administraciones para agilizar y asegurar la actividad económica.

En definitiva, nadie oculta que vienen tiempos difíciles, de apretarse el cinturón y que, pese a la millonaria cifra de dinero europeo que se va a dedicar a la recuperación, la capacidad de sacrificio que tendrá que aplicar España marcará la hoja de ruta de un futuro a corto y medio plazo, que requerirá abandonar la ideología populista y coger el toro por los cuernos para hacer frente a los problemas y conducir al país en la senda de las grandes potencias.