El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Burgos ha dictado un auto en el que ordena la paralización de la ejecución del contrato de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), también llamado Burgos Central, y ha atendido así las medidas cautelares que solicitó el Grupo Municipal del PP, que desde hace meses viene denunciando numerosas irregularidades en este procedimiento.

El auto, que supone un enorme varapalo para el equipo de Gobierno al tratarse de una iniciativa con una inversión prevista de alrededor de tres millones de euros, ordena la paralización del contrato ya que entiende que los trabajos no se pueden ejecutar sin que antes el Ayuntamiento disponga de una normativa municipal que regule las ZBE. Así lo ha detallado esta mañana la portavoz del PP, Carolina Blasco, que ha detallado que fue ayer por la noche cuando tuvieron conocimiento de la posición del Juzgado.