Su ‘población’ supera a la de 20 capitales de provincia de España y no hay familia burgalesa que no tenga motivos para visitarlo. Sin embargo, el cementerio municipal de San José, otrora un referente nacional por el cuidado aspecto que presentaba, no está siendo particularmente bien atendido por el Ayuntamiento en la última década. No se trata únicamente de que allí descansen 116.000 de nuestros antepasados. Sus calles, plazas y enclaves constituyen una zona pública muy frecuentada que se marchita desde que la crisis justificó los recortes en ciertos servicios públicos, entre ellos el camposanto, que, a más inri, le da dinero al Ayuntamiento. Esto es, genera más de lo que cuesta. En 2018, por ejemplo, costó 917.102 euros e ingresó 1.008.089.
Por contra, hace años que no se ejecutan inversiones en mantenimiento más allá de lo inevitable. Tampoco están previstas grandes actuaciones a corto plazo, atendiendo al borrador del presupuesto del próximo ejercicio que el PSOE tratará de aprobar en las próximas semanas y que al menos sí contempla 45.000 euros para restaurar la cubierta del osario, que es un principio. A la empresa que se ha adjudicado el contrato del servicio de mantenimiento de San José, la valenciana Sociedad de Agricultores de la Vega, no se le ha exigido que haga mejoras más allá de las nuevas sepulturas.
Mientras, casi toda la ampliación ejecutada en el cambio de siglo continúa sufriendo serios desperfectos porque el hormigón que se utilizó en la obra va colapsando. Tanto es así que en algunos de los patios se está inhumando ‘al tresbolillo’, saltándose las hileras o grupos de tumbas más afectadas por esa degradación por la que el Ayuntamiento nunca ha exigido responsabilidades a las empresas que ejecutaron la ampliación.
Es un problema ‘relativo’ comparado con lo que sucede con el citado osario. San José ha superado el siglo de vida, y en esa paradoja reside el motivo por el que se están produciendo multitud de levantamientos de restos. En aquellos casos en los que han transcurrido 99 años desde la inhumación, si los descendientes del finado no se hacen cargo de sus restos abonando un nuevo ‘alquiler’ del espacio (ahora por 75 años), esos restos son enterrados en el osario. Pero resulta que el osario se encuentra gravemente dañado e inutilizado desde hace años, motivo por el que en una de las dependencias del camposanto se están acumulando bolsas con restos humanos en su interior, algo conocido en el Ayuntamiento y que sigue sin respuesta. Sí hay un proyecto para este particular y una partida de 45.000 euros.
Ahí no acaban los problemas. La desatención del cementerio se ha convertido en una de las principales causas de quejas ciudadanas ante el Ayuntamiento de Burgos. El motivo es que la plantilla disponible está muy por debajo de las necesidades mínimas para poder prestar un servicio de calidad. Lo adecuado, según han defendido siempre los propios trabajadores de San José, es que no hubiera menos de 18 empleados disponibles. Sin embargo, el nuevo contrato cuenta con que haya 15.
Son pocos, pero serían un lujo en comparación con la situación actual. La plantilla de San José es presa de numerosas bajas, algunas de muy larga duración, que han propiciado que haya días en los que únicamente hay cinco empleados disponibles. Esa falta de personal se traduce en un mal servicio para familias que no están pasando precisamente los días más felices de sus vidas. Algunos
Por el momento, Sociedad de Agricultores de la Vega ha estado en Burgos en una ocasión. Fue recientemente y para depositar la fianza a la que está obligada por contrato. Sí que se han dado instrucciones municipales para que se busquen cinco personas que puedan suplir a aquellos empleados que están de baja, pero serán empleos sujetos a una temporalidad poco adecuada para un trabajo que es en realidad un oficio y que tiene sus obvias particularidades. La concejala de Sanidad, Estrella Paredes, afirma ser «consciente de que estamos trabajando muy poco a poco» en este aspecto, «tirando del plan de empleo y primando los trabajos según el orden de importancia que valoran los técnicos, pero se firmará en breve la nueva contrata», cuya entrada en vigor Paredes fía a «finales de enero». La portavoz de una de las familias que está sufriendo demoras explicó a este periódico que «no solo hablamos de daño moral sino económico» ya que «cobran más de 600 euros por sus servicios». Pusieron una reclamación a través del 010 y les dijeron que hay familias que llevan más de dos meses esperando a poder colocar la lápida que cierra la tumba por falta de personal.