El área de Licencias del Ayuntamiento de Burgos retomará las multas coercitivas sobre el edificio ruinoso de Cardenal Segura número 2 para evitar que vuelva a sumirse en la parálisis. Así lo explica el concejal Miguel Balbás, quien reconoce el contratiempo que ha supuesto la prohibición de derribar el inmueble, puesto que la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León no lo ha autorizado.

Relata el edil que esas sanciones, provenientes de años atrás pero han estado paralizadas tras la apertura y congelación de varios expedientes, tienen un importe de 3.300 euros mensuales. Defiende Balbás que el objetivo no es recaudatorio sino "que los propietarios no se desanimen e intentar empujarles a que hagan algo con el inmueble" situado en una esquina de la Plaza Mayor.

La intención de los dueños del edificio era llevar a cabo un desmontaje parcial de las fachadas y un incremento de altura, pero Patrimonio ha dicho que estas pretensiones "no tienen acomodo en las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos y no contribuyen al mantenimiento de las características del Conjunto Histórico y de su estructura urbana y arquitectónica".

Un enorme palomar. El mal estado de conservación es evidente desde hace mucho tiempo y se agrava cada día que pasa, con el factor añadido de haberse convertido en un gigantesco palomar que acabó a principios de año en un hundimiento de la cubierta.

Fue a raíz de la denuncia de un vecino del entorno, recogida por este periódico, que los propietarios contactaron tanto con los responsables municipales como con Patrimonio de la Junta para acometer una ambiciosa actuación en las plantas superiores, manteniendo el bajo con usos hosteleros y la actual primera planta.

Su objetivo, según relataron entonces, es poner en marcha apartamentos turísticos pero se han topado con la dificultad de que la fachada protegida no puede desmontarse. La alternativa sería sostenerla mediante grandes andamios mientras se acomete la rehabilitación, algo que según el concejal de Licencias no implica grandes diferencias económicas pero que supondría colocar estabilizadores que ocupen casi toda la calle o incluso obliguen a cortarla.