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Todos los consejeros del PP podrán repetir en el cargo

SPC
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Juan Carlos Suárez-Quiñones, responsable de Fomento y Medio Ambiente, es quien más se acerca al límite de estar ocho años en la misma consejería

Fernández Mañueco (c), junto a la mayoría de sus actuales consejeros durante un acto en diciembre. - Foto: Ical

Alfonso Fernández Mañueco puede contar con los actuales consejeros y en las mismas carteras, si así lo decide, una vez que sea investido y dé a conocer los nombres de los miembros de su segundo Ejecutivo, de nuevo de coalición, esta vez con Vox. Los siete miembros del ejecutivo autonómico cumplen con la Ley del Estatuto de los Altos Cargos, ya que ninguno lleva ocho años en el mismo departamento. Esta normativa, aprobada en noviembre de 2016 con los votos de PP y Ciudadanos, establece la limitación de mandatos de ocho años para el presidente de la Junta y de las instituciones propias, pero también marca una línea para los consejeros y para el nombramiento de los altos cargos de la Comunidad. Así, en su artículo 2.2, señala que, en el caso de los miembros del gobierno, no podrán ser nombrados como titulares de una consejería quienes ya lo hubieran sido de ese mismo departamento durante ocho años, según la consulta realizada por Ical. Es decir que no pueden repetir más de ocho años en la misma consejería, pero si pueden rotar a otra, uno de los aspecto que criticó la oposición cuando se aprobó la norma.

En funciones están, una vez cesados los consejeros de Ciudadanos con la convocatoria de las elecciones anunciada por el presidente el 20 de diciembre del pasado año, Ángel Ibáñez (Presidencia), Carlos Fernández Carriedo (Economía y Hacienda e Industria y Empleo), Juan Carlos Suárez-Quiñones (Fomento y Medio Ambiente), Jesús Julio Carnero (Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural), Alejandro Vázquez (Sanidad), Isabel Blanco (Familia e Igualdad de Oportunidades), Rocío Lucas (Educación y Cultura y Turismo). 

Del actual Gobierno, ninguno de ellos lleva dos mandatos en la misma cartera. El que más se acerca es Juan Carlos Suárez-Quiñones, titular de Fomento y Medio Ambiente. Fue nombrado para el cargo por el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en 2015, legislatura que completó (2019). El político leonés repitió en julio de 2019 con el Gobierno de coalición con Cs formado por Alfonso Fernández Mañueco.

Carriedo, el más longevo

El consejero más longevo es el palentino Carlos Fernández Carriedo, que ya ocupó la Consejería de Sanidad y la portavocía con Juan José Lucas en 1999. Después pasó a Medio Ambiente y ejerció la portavocía del Grupo Popular en las Cortes con Juan Vicente Herrera. En 2016, tras la dimisión de Rosa Valdeón fue nombrado consejero de Empleo. En el primer mandato de Fernández Mañueco, fue designado como consejero de Economía y Hacienda y asumió Empleo e Industria al cesar a la que era su titular Ana Carlota Amigo (Ciudadanos). De esta forma, Fernández Carriedo ha pasado por varias consejerías, pero no incumple la norma, porque desde su entrada en vigor no ha repetido los ochos años preceptivos en el mismo puesto.

Tras las elecciones de 2019, Ángel Ibáñez saltó de la presidencia de las Cortes a la Consejería de la Presidencia y Jesús Julio Carnero de la Diputación de Valladolid a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Al nuevo Gobierno, también se incorporaron Isabel Blanco y Rocío Lucas, que estaban en el ámbito de las Cortes y del partido. El último en entrar en el Ejecutivo fue el titular de Sanidad, dos días después de que fuera cesada Verónica Casado (Ciudadanos). Hasta ese momento Alejandro Vázquez, procurador por Burgos, era el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León.

Los siete consejeros, ahora en funciones, tienen acta de procurador en las Cortes de Castilla y León por las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora. La última en incorporase a las listas ha sido la titular de Educación, Rocío Lucas, número uno de la lista por Soria.

Los altos cargos, preferiblemente funcionarios

La misma ley establece que los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser nombrados entre empleados públicos, preferentemente funcionarios de carrera pertenecientes a cuerpos del subgrupo A1 de cualquier Administración Pública o grupo equivalente de cualquier institución pública. Sin embargo, excepcionalmente, podrá nombrarse a quienes no ostenten la condición de empleados públicos, en atención a las razones derivadas de las funciones del órgano o de los especiales méritos del candidato, motivados en la propuesta de nombramiento. En la legislatura cerrada por el adelanto electoral han sido casi un centenar los altos cargos en las diez consejerías. 

Los altos cargos de la Junta ejercerán su trabajo con dedicación exclusiva y no pueden ser procuradores en las Cortes de Castilla y León. En caso de que un parlamentario fuera nombrado secretario general o director general debe renunciar al escaño. Tanto el presidente, como los consejeros y altos cargos se tienen que someter al Código Ético y de Austeridad.