Al Ayuntamiento de Burgos se le complica, cada vez más, poder cumplir el plazo que la Ley de Cambio Climático ha marcado para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes, a los que ha puesto como fecha tope para su puesta en marcha el 1 de enero de 2023. Aunque el dinero no será un problema ya que el Ministerio de Transportes ha aprobado una inyección al Consistorio burgalés (mediante fondos europeos) de 2,6 millones de euros y pese a que la Junta de Gobierno ha aprobado ya el proyecto en el que se establece el perímetro susceptible de restricciones al tráfico, los tiempos están ya más que apretados y a ello se suma que aún no existe la normativa que deberá de regular su funcionamiento. Pero no solo eso, las áreas implicadas se desentienden, al menos hasta la fecha, del trabajo que supone diseñar una nueva ordenanza o incorporar el articulado a una ya existente.
La creación de una nueva norma no es algo opcional sino una necesidad ya que de poco sirve tener instalados 56 puntos de control con 84 cámaras de tráfico que lean las matrículas si no existe una normativa clara que establezca, por ejemplo, con qué niveles de contaminación se cierra cada una de las zonas, qué tipo de vehículos van a poder circular los días que se restrinja el tráfico, cuáles son las multas a las que se exponen los conductores que penetren en este espacio sin estar autorizados...
Hasta ahora, el área de Tráfico ha sido el que se ha encargado del proyecto técnico que ha servido para crear tres espacios de restricciones dentro de la llamada ZBE. Pero defienden en esta Concejalía que su trabajo llega hasta aquí y es al Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) al que le corresponde redactar la normativa para establecer ahí el nuevo marco legal.
Resulta que en Movilidad se desmarcan de esta responsabilidad al afirmar que ellos quedaron al margen y el desarrollo normativo iba a ser cosa de Tráfico y Policía Local.
Pues bien, en el área de Seguridad Ciudadana también niegan que vayan a ser los que elaboren la normativa y solo admiten colaborar puntualmente en lo que pueda afectar a sus competencias. Aunque nadie les ha señalado, en Medio Ambiente se guarda silencio.
Elaborar un texto de este tipo, por mucho que se pueda fijar en la legislación que ya existe, exige su tiempo y a ello hay que sumar que los plazos para aprobar una norma no son precisamente cortos (debe de ir al Pleno, superar periodo de alegaciones...).
Enfado de la oposición. El PP exigió ayer por escrito la convocatoria de una comisión mixta de Medio Ambiente y Movilidades para exigir información sobre lo que se quiere realizar. «Es una barbaridad imponer una zona con altas limitaciones y exigencias sin un solo dato ni explicación», afirmaron tras criticar que el bipartito «llega tarde a las exigencias de la ley» y sin detallar los estudios en los que se han basado para plantear la ZBE que han aprobado.