Los testimonios acerca de lo que ocurrió en el interior de la residencia de Adrada de Haza intervenida por la Junta siguen llegando dos meses después de que las autoridades la desalojaran y la cerraran. Mientras la propiedad del centro no ha querido hacer declaraciones a este periódico, la que fuera enfermera del Valle del Cuco, arroja luz sobre lo que pasó en el interior del centro de mayores, según su versión. Carolina García deja testimonios directos. «Los abuelos estaban en las habitaciones abandonados, estaban casi algunos prácticamente sin comer, sin movilizar, todo el día tumbados en las camas, algo que es especialmente peligroso para la gente mayor....», afirma sobre la situación inmediatamente anterior a la intervención de la Junta, cuando el número de trabajadoras se había mermado tanto por las bajas que era imposible mantener el servicio.

García cuenta que a principios de marzo llegó el primer protocolo frente al coronavirus y desde ese momento la plantilla pidió aplicarlo, pero la única medida que se tomó, apunta, fue cerrar el centro. Entonces se declaró el estado de alarma y la situación se agravó. En ese momento comenzó una sensación de «pánico» porque seguían «sin mascarillas, sin gel hidroalcohólico...». A partir de ahí «la gente empezó a tener síntomas de coronavirus». «La tensión iba subiendo, las compañeras estaban nerviosas, asustadas. Por parte de la empresa la actitud era cada vez más opresiva, con gritos, tildando a las trabajadoras de inútiles...», expone Carolina García.

Viendo la situación, con compañeras que «se marchaban a casa llorando de la presión», aislamientos que «simplemente se basaban en encerrar a los residentes en sus habitaciones» y un largo etcétera, la enfermera presentó su renuncia días antes de que intervinieran el centro. Una decisión que le «costó tomar» pero que era inevitable dado que, según enumera, ni se cumplían las condiciones de seguridad, ni la plantilla era la suficiente para el trabajo. Ya desde fuera pero sin perder el contacto, vio como un «alivio» el cierre de la residencia.

A pesar de estar desvinculada laboralmente, ha seguido pendiente de todo y declara que las familias le han confirmado que 13 de los residentes han fallecido por la COVID-19, dos de ellos en la propia residencia, y que las propias familias han puesto una denuncia judicial a la empresa, que se suma las demandas administrativas por los impagos que siguen sufriendo las trabajadoras.