Son, exactamente, 27.554.600 euros, el mayor expediente sancionador tramitado por la Junta de Castilla y León -concretamente, por el Servicio Territorial de Medio Ambiente- en la provincia de Burgos. La empresa afectada es la industria química mirandesa Montefibre Hispania, ya sin actividad, sin los cerca de 220 trabajadores que tuvo en plantilla en sus buenos tiempos e inmersa en un procedimiento concursal en el que la Administración regional se ha personado para intentar reclamar la totalidad del importe de esta histórica sanción.

La multa, capaz de tumbar la trayectoria de la empresa más solvente, pone en evidencia que la lucha contra el cambio climático emprendida desde la Unión Europea va mucho más allá de los grandes objetivos de descarbonización y los cambios de modelo económico para las próximas décadas y se sustenta, también, sobre duras políticas sancionadoras para los incumplidores. 

El caso localizado en Burgos no viene motivado por una contaminación directa por gases tóxicos y todos los riesgos que conlleva para el medio ambiente y la salud humana, sino por la deficiente gestión de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero (GEI) a los que estaba sujeta la actividad productiva de Montefibre Hispania, que era una de las mayores generadoras de emisiones de la provincia de Burgos. 

Es decir, el fabricante de fibras sintéticas contaminó más de lo que tenía autorizado y pagado a lo largo de dos años (2019 y 2020), y en ese exceso de emisiones no comunicado ni gestionado es en el que se basa el procedimiento sancionador actualmente en marcha.

El expediente BU-GEI-1-2022, iniciado por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León el 21 de febrero de 2022 y resuelto el 25 de junio del  pasado año, constata que Montefibre Hispania [que ya no tenía actividad cuando conoció la resolución] incumplió la obligación de entregar los derechos de emisión exigida en el artículo 27.2 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula su comercio. 

Esta normativa establece que, antes del 30 de abril de cada año, los titulares de las industrias -en este caso- deberán entregar un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones de GEI verificadas en su actividad productiva. 

(La información completa, en la edición impresa de hoy de Diario de Burgos)