Ocho presidentes autonómicos han firmado en la denominada cumbre de Santiago sobre financiación un documento, con 35 puntos, en el que reclaman otro modelo que subsane las deficiencias del actual sistema de reparto entre los distintos territorios y que sea fruto de un consenso multilateral en un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Son dos de las principales posiciones plasmadas en una declaración institucional en la que los firmantes trasladan la necesidad de que España acometa, de manera pronta, el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta en mayor medida criterios demográficos para responder con eficacia y equidad a las necesidades del conjunto de ciudadanos, vivan donde vivan.

La cita de Santiago ha reunido este martes en el parador de los Reyes Católicos a los presidentes del PP Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); al del Partido Regionalista de Cantabria Miguel Ángel Revilla; y a los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).

En la declaración institucional, los ocho participantes ponen de relieve la trascendencia de este debate ya que afecta a la principal vía de ingresos de las comunidades, y por ello reivindican que el nuevo sistema solo pueda ser fruto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, consenso en el cual se tengan en cuenta por lógica las posiciones de todas las administraciones afectadas.

Y, por tanto, las decisiones relativas a la financiación ordinaria -suscriben- han de quedar al margen de los "legítimos espacios bilaterales" entre el Gobierno y cada comunidad autónoma. 

Representan estos ocho presidentes el 61,97 % de la superficie española y al 24,13 % de la población.

En el texto concordado, todos transmiten su absoluto respeto a las comunidades con intereses diferentes y recuerdan que el objetivo que debe unir a todas ellas es el de "acertar" en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestan, así como de los factores demográficos con incidencia significativa sobre los mismos.

En este sentido, instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a definir cuanto antes una metodología de trabajo que permita a todas las administraciones aportar sus particularidades y necesidades concretas, estableciendo un calendario para ello, así como a identificar los principios básicos que rijan el nuevo modelo y que, a entender de los ocho, deberían ser diecisiete.

Principios básicos para el nuevo modelo de financiación:

1 - Asignación de recursos entre las comunidades autónomas: debe tener como "objetivo inexcusable" que todas puedan prestar servicios similares con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios.

2 - Reforzar el principio de suficiencia, sobre todo en aquellos supuestos en los que los ingresos no evolucionen de forma homogénea.

3 - Creación de un catálogo de servicios cuya financiación esté asegurada.

4 - Corregir los déficit de financiación dotando al sistema autonómico de mayores recursos.

5 - Que ninguna comunidad reciba menos financiación como consecuencia de la modificación del sistema.

6 - Que las necesidades de financiación de las comunidades autónomas se fijen atendiendo a los factores determinantes de sus necesidades de gasto reales: además de los costes fijos, la dispersión, baja densidad, orografía, envejecimiento... Que ello sea cuantificado de forma completa.

7 - Evaluación de los gastos destinados a educación, sanidad y servicios sociales, dado su elevado peso relativo en todas las zonas.

8 - Que la sanidad pública y su dinámica de crecimiento de gasto sea objeto de un análisis especial.

9 - Estudiar de forma diferenciada el efecto de la aplicación de la Ley de Dependencia.

10 - Atención a criterios que permitan impulsar el reequilibrio territorial entre zonas densamente pobladas y otras en declive demográfico y proporcionar servicios públicos de calidad a estas últimas.

11 - Lealtad institucional y seguridad jurídica desde el principio.

12 - Valoración de recursos adicionales decisivos para garantizar el desarrollo de las comunidades autónomas: Potenciar las políticas del fondo de compensación interterritorial. Evaluación de la situación actual y futura de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas bajo la premisa de que las medidas que se adopten deberán respetar una igualdad de trato y no generar perjuicio financiero a ninguna de ellas. Reparto de los fondos Next Generation de forma equitativa mediante el establecimiento de criterios estables y objetivos. Evaluación del impacto de las reformas en materia de administración local. Que los órganos de cooperación interadministrativos velen de forma efectiva por que los recursos asignados a través del sistema de financiación no se detraigan por otras vías.

13 - Consolidar la recuperación económica con los fondos europeos.

14 - Transición hacia un modelo más verde y sostenible.

15 - Asignación de recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos públicos y privados que garanticen una salida cohesionada de la crisis.

16 - Que no compita la asignación de recursos de la política de cohesión con el reparto de los fondos de recuperación, de modo que se asegure la complementariedad.

17 - Cogobernanza multinivel realmente efectiva mediante una mayor capacidad de decisión para las autonomías en la asignación de fondos. Que el Gobierno cumpla su compromiso de dedicar el 50 % de los fondos que se reciban de la Unión Europea a las autonomías.