El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, insistió ayer en flexibilizar la protección del lobo en todo el territorio de la Unión Europea desde el plenario del Comité de las Regiones que se celebró en Bruselas. «Los que están en peligro de extinción ya no son los lobos, son los ganaderos», remarcó el dirigente de Vox en un discurso recogido por Ical desde la capital belga. En esta sentido, aseguró que el año pasado los ataques del lobo produjeron solo en Castilla y León la muerte de cerca de 2.500 cabezas de ganado, lo que supone un 35% más que el año anterior. Por este motivo, argumentó García-Gallardo dirigiéndose a los líderes comunitarios, la «preocupación es patente» entre los ganaderos.

García-Gallardo también aprovechó su intervención, en un pleno en el que participaron líderes regionales de España y de la Unión Europea, para criticar que las decisiones de Bruselas y las instituciones europeas las tomen «los urbanitas», y pidió que hagan más caso «a los trabajadores del campo». Además, reclamó a «ecologistas» y «defensores de la vida silvestre» que tengan más en cuenta el «bienestar del ganado» y de los habitantes del medio rural. Cabe recordar que, después de la presión de diferentes dirigentes regionales, como los de Castilla y León, la Comisión Europea ya propuso reducir el nivel de protección del lobo y clasificarlo como animal «protegido» y no como «estrictamente protegido», tal y como se encuentra. Ahora está en trámites y lo están negociando el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, en el que se encuentran representados los veintisiete estados miembros.

Por otro lado, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokott, pidió que se aceptase la protección «atenuada» del lobo que se encuentra al norte del Duero. Además, en este pronunciamiento preliminar, apuesta por permitir en general la caza de este carnívoro y prohibirla solo cuando sea necesario para mantener su conservación como especie. Sin embargo, por lo que hace al lobo al sur del Duero, la abogada general apoya una protección más elevada, la cualificada de «rigurosa». Por lo tanto, prohíbe que se cace de forma general. En los próximos meses, se prevé que la corte de máxima instancia de Luxemburgo dictamine la sentencia definitiva.