El curso pasado hubo un centenar de escolares matriculados en colegios e institutos de la capital que faltaron a más del 20% de las clases, límite a partir del cual Educación considera que hay un problema de absentismo. Teniendo en cuenta que en la ciudad había entonces 24.737 escolares, puede decirse que este problema afecta a un 0,4% del total; un porcentaje que incluso se reduce más si se incluyen los datos relativos a la provincia porque el grueso de la matrícula está en la capital y, por lo tanto, también las ausencias. Sin embargo, al mismo tiempo se observa que el porcentaje de alumnos que falta con tanta frecuencia al colegio como para obligar a la dirección a dar parte a Educación se ha incrementado con respecto a los cursos anteriores: 360 niños y adolescentes.

Hace años que se constituyó en la provincia un grupo de trabajo específico que registra las faltas de los alumnos para poder indagar en las causas y resolver los problemas que impiden que el menor no acuda al colegio y que, por lo tanto, no esté haciendo uso de su derecho a la educación. Entonces, las direcciones de cada colegio o instituto anotan las ausencias y, en los casos en los que observan cierta reiteración, dan parte a Educación para que, a su vez, trate el caso con este grupo de trabajo del que forman parte tanto la Fiscalía de Menores como los Servicios Sociales del Ayuntamiento o asociaciones como Promoción Gitana, en representación de un colectivo en el que, tradicionalmente, ha habido reticencias a la escolarización de la infancia. Así, fuentes de Educación explican que esta comisión hizo seguimiento a  360 escolares durante el curso pasado en la capital (756 en la provincia), lo cual supone un 1,46% del total de 24.737 matriculados (1,80% con respecto al dato provincial de 42.433 alumnos). Y es en este punto en el que Educación admite que se ha producido incremento con respecto a, por lo menos, los dos últimos cursos. «El motivo es sencillo: ahora hay una total implicación de todos los centros, que dan la voz de alarma a la menor reiteración de ausencias», afirman fuentes oficiales de la dirección provincial. Es decir, no es que haya más alumnos que faltan, sino mayor control por parte de la Administración.

También es cierto que entre estos varios centenares de alumnos que faltan a clase hay una casuística muy variada y más o menos grave en función del número de horas lectivas que sumen las ausencias. Los más serios son aquellos en los que las faltas injustificadas suponen un 20% o más de las clases y, como ya se ha indicado en el primer párrafo, el curso pasado se dio en un centenar de casos en la capital. Esto significa que menos de la mitad de los alumnos a quienes se hizo seguimiento son considerados absentistas. El resto se divide entre aquellos que acumulan un porcentaje inferior de ausencias o que se han trasladado y no han dado parte. Esto sucede, sobre todo, con niños de ascendencia extranjera que se mudan de ciudad junto a su familia o que incluso retornan a sus países de origen.

 

37 a la fiscalía. Cada vez que un colegio da parte a la comisión de absentismo y se inicia el oportuno seguimiento, se intenta hablar con la familia para ver por qué motivo está faltando el menor y se le ofrecen soluciones como mediación o contacto con trabajadores sociales para la resolución de problemas. En este sentido, se ha considerado muy útil que se vincule el cobro de la Renta Garantizada de Ciudadanía a la escolarización.

En los casos más graves, sobre todo en aquellos en los que el escolar ya es adolescente y está en la ESO, es difícil conseguir que vuelva a clase si no tiene voluntad y hay que recurrir a medidas más agresivas. Así, en un primer momento se manda una notificación a la familia (119 en el curso pasado) y, si eso no surte efecto, se recurre a la Fiscalía de Menores para que investigue un presunto delito de abandono de familia. Con independencia de que la ausencia se deba al desinterés del hijo o de los padres, la responsabilidad de que este finalice la escolarización obligatoria es de los progenitores yfecha del pasado junio, el Ministerio Público estaba haciendo seguimiento a 37 alumno que, en todos los casos, habían faltado a más del 20% de las clases. Y todos los años hay sentencias que castigan a los padres, incluso con prisión.