La entrada en vigor el año pasado de la nueva ordenanza de terrazas, un proceso que se complicó más de lo previsto y que sigue aún con varios frentes abiertos, modificó la forma en que la Policía Local inspeccionó la colocación de las mesas y sillas en la vía pública durante 2023. Si bien se siguió vigilando el cumplimiento de los horarios de cierre o que no se sacaran a la calle más elementos de los autorizados, las resoluciones que se están tramitando en las últimas semanas desde la Concejalía de Licencias muestran que en los primeros meses con la nueva normativa en vigor se pusieron muy pocas multas y la gran mayoría de las sanciones que se pusieron a los negocios de hostelería de la capital fueron por no haber pagado la correspondiente tasa.
Entre finales de febrero y principios de marzo se firmaron una veintena de resoluciones (cifra que irá creciendo moderadamente) que dan inicio a otros tantos procedimientos sancionadores. Más de la mitad de ellos se corresponden con infracciones a establecimientos de hostelería que fueron visitados por agentes de la Policía Local y que no presentaron la autoliquidación de la tasa del año 2023.
No se trata de una infracción cualquiera, ya que el artículo 44 de la nueva ordenanza clasifica como una infracción «muy grave» que un negocio de hostelería «instale las terrazas sin autorización expresa o sin pagar la tasa correspondiente».
Si bien es cierto que todos estos procedimientos sancionadores están aún en una fase inicial, cabe recordar que la normativa municipal establece que las infracciones muy graves pueden conllevar multas de «hasta 3.000 euros». Pero no solo esto, la ordenanza detalla también que «la comisión de dos infracciones graves en el término de dos años, o una muy grave, siempre que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme, comportará la extinción de la autorización de la terraza».
Habrá que ver cómo resuelve el Ayuntamiento estos expedientes, ya que lo cierto es que más de una decena de negocios podrían exponerse a perder la posibilidad de sacar la terraza a la calle. La ordenanza apunta a este respecto que «durante el plazo de dos años desde la declaración de la extinción por resolución administrativa firme, el titular de la autorización responsable de la infracción no podrá solicitar la renovación ni la expedición de una nueva autorización de terraza vinculada al mismo u otro establecimiento».
Lo cierto es que el año pasado no fue precisamente sencillo en lo que se refiere a la aplicación de la normativa, ya que estuvieron vigentes dos normativas diferentes y el asunto tiene una cierta complejidad. Básicamente porque algunos negocios seguramente pensaron (con razón) que el cambio de normativa iba a modificar el número de elementos que podían sacar a la calle.
Ya no es solo eso. La nueva ordenanza establece que dejará de pagarse por cada mesa o cada silla y se facturará en función de los metros cuadrados ocupados (los que se autoricen). Lo cierto es que el Ayuntamiento no ha actualizado todavía la ordenanza fiscal. Quién sabe si esta situación de tanta indefinición puede hacer que prosperen los recursos. Eso sí, también existe la evidencia de que más de una decena de negocios no había pagado la tasa.
Las denuncias de la Policía Local, que no tiene por qué entrar en estas situaciones que le son ajenas, se pusieron durante los meses de verano.