La decisión de la Tesorería de la Seguridad Social de incluir en sus presupuestos una partida de 5,2 millones de euros para proceder al derribo del antiguo Hospital General Yagüe viene a dar satisfacción a la petición que, de forma unánime, hicieron los grupos políticos con representación municipal en uno de los plenos de esta legislatura.

Sin embargo, eso no significa que la mutación del espacio que ocupan las ‘300 camas’ vaya a ser inminente. Según explicó ayer el alcalde, Javier Lacalle, en los próximos meses se espera la presencia en Burgos del secretario de Estado del ramo, Tomás Burgos, para informar de los pormenores de la demolición del inmueble, que está previsto acometer a lo largo del próximo año. Hasta ahí, todo correcto.

El problema vendrá después. El Estado pasa a ser el titular del suelo a todos los efectos y la macroparcela resultante quedará consagrada a usos tanto públicos como privados, y para eso hay que urbanizarla.

Según el planeamiento, se levantarán viviendas de protección oficial, se genera una nueva calle que dividirá el espacio actual y se crean zonas verdes y de tránsito peatonal. Pero para poder ejecutar ese planeamiento es necesario desarrollarlo antes, y eso conlleva una larga tramitación en el Ayuntamiento que no se resolverá en menos de dos años, según confirma el propio Lacalle, que pasó ocho años en la Concejalía de Fomento.

Preguntado sobre los mecanismos que tiene el Ayuntamiento para ‘forzar’ a la Tesorería de la Seguridad Social a no echar el proyecto en saco roto esperando a que salga el sol en el mercado inmobiliario, el alcalde señaló que «sí existen» esos resortes jurídicos, pero lo deseable es que la transformación del conjunto hospitalario (el único bloque que se mantendrá es el edificio de especialidades) se haga, por interés común, dentro de unos plazos que ya de por sí son holgados.