Los propietarios de las 705 hectáreas afectadas por el incendio, casi 500, tendrán un plazo de dos o tres meses para retirar la madera y limpiar la zona siniestrada a partir de la publicación de una orden en la que ya trabajan los técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente, quienes ayer se reunieron con los alcalde de Mecerreyes, Quintanilla del Agua yPuentedura para informales sobre los planes de la Administración regional para regenerar y reforestar la zona del Valle del Arlanza afectada.

En el supuesto de que los propietarios de los terrenos no retiren la madera y limpien la zona, y con el fin de evitar la propagación de plagas y favorecer la regeneración vegetal, será la propia Junta la que realice de forma subsidiaria los trabajos necesarios en coordinación con los tres ayuntamientos.

En la reunión de ayer también se trasladó a los alcaldes, que harán de intermediarios con los propietarios, la posibilidad de que sea la empresa pública Somacyl la que efectúe las labores de limpieza a cambio de la madera y del material aprovechable para biomasa, «en principio a coste cero», manifiesta Leopoldo López, alcalde de Quintanilla del Agua, quien al igual que el de Mecerreyes, Julián Vicario, y el de Puentedura, Gonzalo Javier Moral, considera que esta «es la mejor opción» ante las dificultades que supone poner de acuerdo a tanto propietarios.

La Ley de Montes, recordaron los técnicos a los alcaldes, establece que los propietarios de los terrenos incendiados debe proceder a la extracción de la vegetación quemada en el plazo que establezca la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con objeto de evitar plagas y favorecer la regeneración natural o artificial (repoblación) del área. A las zonas que estaba repobladas, en su mayor parte perteneciente a los ayuntamientos, serán prioritarias a la hora de intervenir, según trasladaron los técnicos a los alcaldes.

Por lo que respecta a los plazos, los técnicos de Medio Ambiente se limitaron a señalar que la orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente «se elaborará en breve y en ella se establecerá el plazo y las condiciones de ejecución para que los afectados puedan realizar la extracción».

Desde la Administración regional, dada las dificultades de interlocución con los afectados por la cantidad de propietarios del monte que existen, ha encomendado a los  tres Ayuntamientos las labores de información a los vecinos, tarea que han aceptados los alcaldes pero que consideran no será nada fácil porque algunos de los dueños han desaparecido y en otros casos no se sabrá quien es el propietario. Tras esta reunión, ahora solo quedar esperar a que se publique la orden de Medio Ambiente para conocer los plazos.