La Comisión de Medio Ambiente de la Diputación de Burgos ha aprobado esta mañana una propuesta de acuerdo “para la adscripción del vertedero de Abajas y la armonización institucional del funcionamiento del Consorcio” de Residuos, sin la presencia de la Junta, lo que descarta su participación en el proyecto, según ha denunciado el Grupo Socialista.

Los socialistas en la institución han mostrado su rechazo a este protocolo al no estar presente la Junta de Castilla y León en el mismo. Entiende el Grupo Socialista que esta ausencia conlleva que la Junta no colabore en la financiación de la construcción y gestión, por lo que han votado en contra.

Según el diputado provincial socialista Javier Lezcano el equipo de Gobierno del Partido Popular anunció la semana pasada la buena disposición de la Junta a colaborar en el proyecto, aseverando igualmente que las conversaciones "estaban muy avanzadas”. esta mañana, por contra, se ha asegurado que no se cree necesaria la participación de la Junta en el protocolo.

“Es una tomadura de pelo y una irresponsabilidad por la que los habitantes de la provincia ya han pagado suficiente, con unos incrementos desmesurados de las tasas de recogida de residuos”, ha apuntado Lezcano. Por eso, el Grupo Socialista 'exige' a la Diputación Provincial que reivindique la presencia del Gobierno autonómico en el acuerdo.

En la reunión de Comisión de Medio Ambiente de esta mañana se ha aprobado la propuesta de la Diputación para el protocolo de colaboración entre el Consorcio Provincial de Residuos y el Ayuntamiento de Burgos para la construcción, financiación y gestión del nuevo vaso del vertedero de Abajas. Ante la ausencia de la Junta en el mismo, el PSOE “tiene dudas fundamentadas, a la luz de los informes del propio Consorcio, sobre quién asumirá el coste del sellado del vaso 1, ya que en el protocolo al que hoy ha dado luz verde la Diputación, no queda claro”, ha explicado el diputado provincial Lezcano.

En último lugar, los socialistas temen que el nuevo vaso no pueda estar listo antes de que finalice el sellado del primero, lo que generaría un problema técnico y jurídico sobre en dónde verter los residuos de la provincia.