Esta medianoche se levantaron las barreras del peaje de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) tras más de cuatro décadas en manos privadas, convirtiéndose en la primera vía de pago de España que deja de cobrar peaje al terminar su contrato de concesión y vuelve a depender directamente del Estado. Una decisión sin precedentes que podría elevar hasta los 30.000 vehículos la intensidad media diaria de esta autopista que con sus 84,3 kilómetros canaliza el tráfico entre el centro y el norte hacia Europa. Hasta ahora, la vía de peaje registraba el paso de casi 21.000 vehículos, a los que se unirán gran parte de los 9.000 que soporta actualmente la N-I, lo que aliviará la circulación por esta carretera donde se han sucedido los accidentes.

Con el fin del peaje se cumple la promesa de ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de acabar con el peaje de la AP-1, tras cuatro décadas de explotación, lo que abre un nuevo horizonte en el que se reclaman nuevos accesos y un tercer carril, ya que podría convertirse en una de las vías con más tráfico de las autopistas españolas, en línea con los 29.386 que registra la AP-6, Villalba-Adanero, que comunica Castilla y León y Madrid.

De momento, levantar el peaje de la AP-1, que se aplicó con un importante dispositivo de la Guardia Civil, deja en papel mojado el proyecto que la Junta había acordado con el Ministerio hace un año. Preveía bonificaciones de un 75 por ciento para los vehículos desviados del tramo de la N-I entre Burgos y Miranda de Ebro, y que suponía, por parte de la Administración autonómica, un desembolso de un millón de euros.

La decisión de Fomento servirá de ensayo para la eliminación de los peajes de la AP-4 Sevilla-Cádiz y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Tarragona, que vencen el 31 de diciembre de 2019. Las tres vías suman 552 kilómetros de longitud y alrededor del 21 por ciento de la red total de 2.550 kilómetros de vías de pago. Además, puede sentar un precedente para la AP-7 que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, ambas de Abertis y con plazo de finalización en 2021.

En cuanto a la retirada de las infraestructuras de la autopista, las relacionadas con el cobro de peajes, la delegada del Gobierno,Virgina Barcones, explicó ayer que ya se ha iniciado la tramitación pertinente y ha pronosticado que en aproximadamente medio año podrán retirarse todos estos elementos. 

Desde el Gobierno regional, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consideró ayer que la liberalización de la autopista es «adecuada» y recordó que «ya el Gobierno anterior anunció esta medida al afirmar que no prorrogaría la concesión». «Por lo tanto siempre es una buena noticia que los ciudadanos vean que una vía por la que pagaban al pasar ahora sea gratuita, porque así se rebaja la carga fiscal en unos momentos económicos todavía difíciles», señaló. Respecto a la situación de los trabajadores afectados por la liberalización de la AP-1, Suárez-Quiñones comentó durante un acto, que «el Gobierno está haciendo un esfuerzo para que el impacto en el empleo sea el menor posible».