La Junta de Castilla y León va a abrir expediente sancionador por la afección ocasionada a un yacimiento arqueológico en el término municipal de Haza como consecuencia de los trabajos de explanación realizados en una de las nuevas fincas resultantes de la concentración parcelaria, entregada a su titular el 1 de enero.
Tras publicar en primicia DB el suceso el pasado sábado, el martes se desplazaron hasta el lugar la arqueóloga provincial y el técnico responsable de la concentración parcelaria para comprobar la veracidad de los hechos y determinar el alcance de los daños.
Si bien inicialmente se apuntaba a una presunta negligente falta de coordinación entre los departamentos de Agricultura y Patrimonio de la Administración regional, ya que se trataba supuestamente de un yacimiento incluido en el inventario arqueológico y se debería haber tenido en cuenta en el proceso de concentración parcelaria dentro de las medidas de protección del patrimonio arqueológico, etnográfico y cultural, el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mardomingo, ha rechazado totalmente este extremo.
El delegado explica que realmente se trata de una necrópolis de época altomedieval (siglos V-X) que estaba catalogada e inventariada desde hace años, que se encuentra situada en una parcela de unos 1.200 metros cuadrados que nunca se había cultivado al estar situada en una ladera.Un terreno que le ha tocado a una nueva propietaria dentro de una amplia finca de unas 9 hectáreas.
PRECIPITACiÓN
Reconoce que tanto Medio Ambiente como Agricultura disponían de la información sobre el yacimiento «porque en las concentraciones hay coordinación entre Cultura, Agricultura y Medio Ambiente». Sin embargo, explica que el problema surgió porque al tratarse de un erial la nueva titular estaba obligada a pedir permiso para roturarla. Un trámite que sí llevó a cabo, si bien se precipitó y acometió los trabajos de allanado antes de obtener la pertinente autorización.
«El problema ha sido que la ha roturado antes, sin permiso de Medio Ambiente.La respuesta de Medio Ambiente hubiera sido que no, en el momento que tiene la ficha arqueológica, o le hubiera hecho alguna prescripción al menos para que los restos no se hubieran visto afectados», argumenta.
Ante este supuesto delito contra el patrimonio histórico, Fernández Mardomingo anuncia que se va a abrir un procedimiento sancionador contra los responsables. «Probablemente abramos dos expedientes, lo tengo que hablar con los jefes de Servicio, uno por Medio Ambiente y otro por Cultura o uno por las dos cosas. No sé si con conocimiento o con desconocimiento pero el hombre ha infringido. Hay muchas veces que la gente pide permiso para roturar o roturar sin permiso, que tenemos abiertos un montón de expedientes por ese motivo. Unos permisos que por otra parte se dan normalmente sin ninguna dificultad pero que en este caso no se habría dado habida cuenta de que Medio Ambiente tenía el dato de que era una parcela arqueológica», aclara.
Desde la familia propietaria de la finca no ocultaban a este periódico su extrañeza de que se les haya adjudicado esa parcela arqueológica improductiva y no se haya incluido dentro de la masa común, con las complicaciones que les comporta. Máxime cuando dentro de la misma finca y apenas un centenar de metros existe otro yacimiento arqueológico, conocido como El Palomar, con los restos de una ermita, que ha quedado exento y se ha otorgado al Ayuntamiento. De hecho no descartan intentar una permuta.
El delegado territorial, lo atribuye a que quizás ya que se hubiese asignado la masa común que le correspondía al Consistorio «y a que se trata de un erial a pastos situado en una ladera con un desnivel del 25%, que nadie pensaba que lo iba a cultivar, porque es así en el 100% de los casos».