Cuando la polémica surgida a nivel nacional con la publicación del IRPF, los datos fiscales y el patrimonio de los principales líderes políticos parece que empieza a apaciguarse, este debate podría trasladarse al Ayuntamiento de Aranda a consecuencia del caso Proincove. El ex regidor arandino y portavoz del PSOE, Luis Briones, pedirá que se hagan públicas todas las declaraciones de bienes que los ediles depositan en dependencias municipales al inicio del mandato. Una medida con la que considera que quedará demostrado que en su trayectoria pública no ha recibido ninguna aportación económica ni de esta constructora ni de ninguna otra empresa. De hecho, advirtió, está dispuesto a que salgan a la luz pública toda su documentación de la última década como respuesta a las acusaciones que realizó en rueda de prensa el concejal del PP, Javier Rojas, en las que, a su juicio, daba a entender que había actuado a favor de la empresa, con la que le supuestamente le achacaba algún tipo de vínculo profesional.
«Estoy dispuesto a poner todo sobre la mesa. Para que se demuestre que esto es todo mentira y que solo ha habido un ánimus, una intencionalidad de dañar, desprestigiar y, sobre todo, de intentar borrar de un plumazo un prestigio como alcalde que me he ganado en ocho años», indicó.
La publicación de estas declaraciones es una de las medidas que Briones promoverá en su defensa y que arrancaron el pasado miércoles cuando presentó en el Juzgado de Aranda una querella contra Javier Rojas al que acusa de los delitos de injurias, calumnias e intromisión ilegítima en su honor. Como primer paso se planteará un acto de conciliación en el que se instará al edil popular a que demuestre en qué pudo Briones beneficiar a la citada empresa, atestigüe si en calidad de alcalde Briones ha ocupado o expropiado algún terreno, que reconozca que ha votado a favor de las medidas planteadas en defensa del Ayuntamiento y deja constancia de que, a su entender, las declaraciones de Rojas solo intentan dañar su prestigio político, por lo que le exige una disculpa.
Briones aconsejó al concejal del PP que rectifique sus palabras «y si no tiene nada para probarlo, que no se gaste el dinero en abogados» ya que su intención es agotar la vía penal e, incluso, recurrir a la civil. De hecho, adelantó que no descarta ampliar la denuncia a otros integrantes del equipo de gobierno, como José Máximo López, de quien dijo que está estudiando las declaraciones que realizó en una emisora local y que, a su entender, pudieran ser calumniosas.
Asimismo, advirtió que su querella podría no ser la única responsabilidad que exija en los tribunales. En este sentido, adelantó que cuando finalice el proceso iniciado para intentar que el Ayuntamiento no tenga que abonar los cuatro millones de euros, estudiará emprender otras acciones ya que, a su juicio, se ha calumniado a funcionarios y se ha puesto en tela de juicio a otras Administraciones.