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19 de octubre de 2018

Lacalle ordena investigar el pago de las facturas de telefonía móvil

Á. M. / A.R. / Burgos - martes, 16 de octubre de 2012
Villanueva (de gris) se inclina antes de un Pleno para cambiar impresiones con Lacalle. - Foto: DB/Luis López Araico
Ha solicitado formalmente que se esclarezca qué recibos anormales sí llegaron a pagarse


Las ‘explicaciones’ dadas por el concejal de Nuevas Tecnologías, Eduardo Villanueva, sobre el uso que entre enero y mayo de 2011 se hizo de una tarjeta de datos de telefonía móvil municipal (las que se usan en un smartphone o en un ipad, por ejemplo), ya no convencen al alcalde, Javier Lacalle, ni a buena parte de su entorno más cercano.
Según confirmó ayer el propio regidor a este periódico, ha dado orden a los servicios técnicos de las áreas afectadas para que redacten un informe en el que se esclarezca qué pasó para que entre abril y mayo de 2011 la tarjeta en cuestión tuviera un consumo por valor de más de 207.000 euros y pedir las explicaciones oportunas sobre el gasto vinculado a la misma tarjeta en los meses previos, que asciende a 30.000 euros en un cuatrimestre, 18.000 de ellos concentrados en el mes anterior al cargo estratosférico.
Tal y como este periódico ha venido contando desde la semana pasada, dicho gasto se produjo aunque posteriormente y dada la «insistencia» del Ayuntamiento (no se ha especificado de quién ni por qué), la compañía decidió, unilateralmente, reconocer un «fallo administrativo» y anular el cargo, si bien tampoco se han aportado pruebas sobre si existió una factura que sustituyera a la anterior.
Al contrario de lo sostenido por Villanueva, primero, y por Ángel Ibáñez, portavoz municipal, después, el gasto no era el sumatorio de todos los móviles municipales, sino que pertenecía a una línea muy concreta, la misma que venía gastando miles de euros en los meses anteriores a abril y mayo de 2011.
De hecho, esas facturas demuestran que, de existir un error de tarificación, no sería puntual, sino que vendría de atrás y sería redundante y sostenido en el tiempo, si bien el cargo de 207.000 euros lo supera todo por sí mismo. Por lo tanto, el argumento de que ante una factura elevada (Ibáñez sostuvo públicamente que el gasto medio en telefonía móvil del Ayuntamiento apenas superaba los 5.000 euros) vinculada a una sola línea «saltarían las alarmas» y se tomarían medidas, tampoco se demostró muy eficaz hasta que el ‘roto’ fue tan elevado.
Asímismo, este periódico advirtió que la compañía ratificó que el gasto se hizo, algo que fue puesto en solfa por el equipo de Gobierno al anunciar un rectificado a esa información por parte de la Telefónica que nunca se produjo.
Así que, una semana después de que DB destapara el caso, aún no se han aportado las pruebas documentales que sostengan las afirmaciones que, hasta ayer, le han valido al equipo de Gobierno  y que han emanado de la figura de Eduardo Villanueva, máximo responsable político (entonces y ahora) de las áreas desde las que se gestiona el uso de esas tarjetas. De inicio, Villanueva reconoció su uso pero posteriormente lo vinculó a la sección de Informática.

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