Las noticias sobre las negociaciones entre Endesa e Iberdrola con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo volvieron ayer a la actualidad. Fuentes del sector indicaron a Europa Press que ambas compañías, coopropietarias de Santa María de Garoña, negocian acerca de la posibilidad de fijar un periodo de vida útil de 60 años para el conjunto de las centrales nucleares que permita ampliar el periodo de amortización de las instalaciones y, con ello, garantizar su operación en condiciones de rentabilidad.

De este modo, Iberdrola y Endesa han puesto sobre la mesa lo que la industria nuclear lleva años defendiendo, la fórmula que ya aplica Estados Unidos y que ha permitido que 74 de sus 104 reactores cuenten con autorización del regulador gubernamental para funcionar durante seis décadas. De ellas, una decena, puestas en marcha entre los años 1969 y 1974 son de antigüedad y tecnología similares a la de Santa María de Garoña, al poseer reactores de agua en ebullición de General Electric.

Nuclenor tiene autorización de explotación de Garoña hasta el próximo mes de julio y el Gobierno se ha propuesto publicar antes de esa fecha una reforma energética que aborde cambios profundos y modifique la actual Ley del Sector Eléctrico, en vigor desde 1997. La operación a sesenta años podría ser uno de esos cambios.

Si la semana pasada se hablaba de que se negociaba la posibilidad de que Santa María de Garoña solicitará al Ministerio de Industria una nueva autorización por un periodo de diez años,  que podría prolongar su actividad hasta 2023, en caso de obtener el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, ahora se abriría una puerta incluso para siguientes renovaciones hasta el año 2031, en que Garoña cumpliría los sesenta años, dado que se conectó a la red eléctrica en marzo de 1971.

La ampliación de vida útil de las nucleares españolas a los sesenta años y en el caso de Garoña más allá de 2019, la fecha fijada en la orden ministerial emitida el pasado mes de julio por el gabinete de José Manuel Soria, permitiría establecer un calendario de amortización de las inversiones necesarias para adaptar la planta a las exigencias de su nuevo permiso de explotación y a las derivadas del accidente de Fukushima e incluso procurar rentabilidad a pesar de los nuevos impuestos en vigor desde el pasado 1 de enero, según las mismas fuentes. Las inversiones que Garoña precisa para responder a todos los requerimientos del CSN para operar hasta 2019 y para superar las pruebas de resistencia se acercan a los 100 millones de euros.

Las mismas fuentes indicaron que tanto Endesa e Iberdrola como Industria tienen interés en mantener Garoña y que las eléctricas lo harán siempre y cuando dispongan de visibilidad suficiente de que no operarán a pérdidas.   Para los operadores, el problema de Garoña es de viabilidad económica y la solución solo puede venir del ministro de Industria, José Manuel Soria, quien este lunes expresó una vez más la «predisposición» de su departamento a prolongar la vida útil de la central si se cumplen las condiciones de seguridad que marca el CSN.

Mientras, desde Nuclenor reiteraron ayer que trabajan en el escenario de cierre, en virtud de la última decisión de su Consejo de Administración tomada el pasado 28 de diciembre.