La Real Academia de la Lengua define 'precario' como algo de poca estabilidad o duración. Conforme pasan los años, la sociedad va teniendo consciencia de la situación de muchas familias, que luchan los últimos días de cada mes por no llegar con el agua al cuello. Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2016 el 28% de los trabajadores en la provincia percibió el salario mínimo interprofesional, estipulado en 655,20 euros mensuales (14 pagas) o menos. De las 153.676 personas con empleo que se registraron en el territorio burgalés, 17.428 cobraron entre los 655 y los 327 euros mensuales, mientras que 26.136 ciudadanos recibieron menos de 327 euros. A nivel regional, el porcentaje que cobraron igual o menos del salario mínimo fue del 31% (casi 300.000 de los 966.000 trabajadores), mientras que la cifra porcentual se elevó tres puntos, hasta alcanzar el 34%, en el territorio nacional (6 de los casi 18 millones de empleados).

El dato es significativo y habla de un problema que afecta a buena parte de la sociedad, especialmente durante los últimos años de crisis económica. El perfil de los ciudadanos que se ven abocados a ocupar estos puestos es variado, aunque predominan los jóvenes sin apenas experiencia laboral, con o sin estudios, y que en muchos casos comparten tiempo para libros y las obligaciones laborales. También destaca la presencia de antiguos parados con escasa formación o de personas en situación de exclusión, así como mayores de 50 que se han quedado sin empleo y que ven cómo no encuentran trabajo -en la mayoría de los casos- o tienen que aceptar puestos de un perfil más bajo del que están cualificados.

La precariedad también se refleja en la contratación; de los 136.136 firmados en la provincia durante el pasado 2017, 129.045 fueron de carácter temporal, el 95% del total, y únicamente 7.091 indefinidos. El periodo de duración de los definidos en el tiempo e inferior a un mes también se incrementó hasta alcanzar los 63.057, el 46% de los contratos firmados. También ha aumentado, de manera considerable, el volumen de contratos eventuales, que alcanzó en 2017 las 55.000 firmas.

Durante los últimos tiempos varios son los colectivos que han venido centrando el foco sobre sus quejas laborales, especialmente las autodenominadas kellys, camareras de piso, y dentro de la provincia de Burgos las trabajadores en el área de la ayuda a domicilio más recientemente. Las primeras denuncian la falta de sensibilidad de las administraciones con su labor, mientras que las segundas llevan un tiempo reclamando una mejora salarial. No son los únicos colectivos que vienen exigiendo una mejora en sus condiciones de trabajo. 

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