Si Podemos consigue su objetivo de formar un «Gobierno del cambio» los niños podrían estudiar euskera o catalán en Burgos; una Asamblea elegiría, entre otros cargos, al gobernador del Banco de España; el Ejecutivo destinaría recursos a «esclarecer y divulgar la verdad»; y las sentencias dictadas durante la Guerra Civil quedarían anuladas. Éstas son algunas de las propuestas, las más extravagantes, del documento de 97 folios titulado Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías que ya está sobre la mesa de Pedro Sánchez de cara a la negociación del acuerdo entre el PSOE y la formación morada. Pero, más allá de las anécdotas, en la oferta de Pablo Iglesias destacan medidas que, según fuentes socialistas, abocan al país a unas elecciones por la imposibilidad de llegar a un pacto.
Por ejemplo, la fuerza emergente considera «imprescindible» la convocatoria de un referéndum en Cataluña. Argumenta, además, que tal consulta está amparada por el artículo 92 de la Constitución. La vertebración territorial del país, aparte de esa votación, es fundamental en el documento. Así, Podemos apuesta por desarrollar un «Estado plurinacional» que divida a España entre «naciones y comunidades», sin citar qué regiones entran en cada categoría, y que, en la práctica, implica un país a dos velocidades. Las diputaciones, por cierto, serán eliminadas.
Para ocuparse de ese nuevo país, los morados crearán el Ministerio de Plurinacionalidad, uno de los 15 que piden para el nuevo Gobierno. Entre las carteras destacan, asimismo, las de Igualdad, Medio Ambiente y Cultura, que se recuperarían de nuevo. En esta nueva estructura, Iglesias asumiría una Vicepresidencia con un poder mayor incluso que el del propio líder del Ejecutivo que quedaría, según el documento morado, como una figura casi representativa. Así, el exprofesor universitario tendría bajo su control el CNI, el CIS y la lucha contra la corrupción.
Economía. Podemos, como en su día hizo Syriza en Grecia, aunque luego tuvo que recular, presenta unas medidas económicas basadas en el abandono de la austeridad y en el incumplimiento del objetivo de déficit. Relacionada con el primer punto aparece la propuesta de aumentar el gasto público 96.000 millones de euros por encima de lo proyectado por el Gobierno del PP. Ese dinero se utilizaría para revertir los recortes en el Estado del Bienestar que, a su juicio, se han producido en los últimos cuatro años.
Para sufragar ese aumento, los de Iglesias apuntan a los impuestos, pero no solo a los de las rentas más altas, sino también a los de la clase media, puesto que de los 10.000 millones de euros que esperan recaudar con su nuevo modelo de IRPF, 8.000 se obtendrán de eliminar deducciones y exenciones de las que se pueden beneficiar todos los contribuyentes.
A su vez, Podemos promete acrecentar el tipo efectivo de Sociedades hasta el 25 por ciento en las pymes, una cifra que actualmente está en el 16. La fuerza morada vende la reducción del IVA, pero olvida que proyecta impulsar la creación de muchos nuevos impuestos indirectos - tasas medioambientales-, el aumento del Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y el incremento de las cotizaciones sociales de los autónomos.
Ideología. Bajo un manto de promesas para terminar con la corrupción y la casta en una sociedad donde se supone que habrá menos ricos y menos pobres, que será más participativa, laica y solidaria, más verde, y paritaria se esconde, según esas 97 páginas, la infiltración política e ideológica en todos los niveles no solo de la Administración, sino de la empresa y de la propia sociedad.
No se libra del adoctrinamiento ni la infancia, como muestra otra de las medidas: «Revisión de los contenidos educativos con el objetivo de superar la visión homogeneizadora de la Historia de España».