Dos jornadas de reuniones maratonianas del Consejo de Administración de Nuclenor en el que se reúnen los directivos de Iberdrola y Endesa (copropietarias al 50% de Nuclenor) han acabado con la toma de una decisión que nadie esperaba en la central nuclear de Santa María de Garoña. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó ayer por la tarde en su comparecencia en el Congreso que los titulares de Garoña habían solicitado la renovación de su permiso de explotación para seguir operando entre 2013 y 2019, pero al filo de las doce de la noche, Nuclenor emitió una nota de prensa y afirmó que, «a última hora de la tarde ha comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no está en condiciones de solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central de Santa María de Garoña».

A las doce de la noche concluía el plazo marcado por la orden ministerial del pasado 3 de julio para presentar la solicitud de la renovación en Industria y Nuclenor no presentó la documentación, preparada durante meses en Santa María de Garoña y que incluso estaba físicamente en Madrid. Aunque sí expuso su «voluntad de que  en el caso de que se despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de Santa María de Garoña estaría en condiciones de solicitar la renovación, puesto que técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de manera fiable».

El llamado ‘impuestazo’ a las eléctricas anunciado en julio por el ministro de Industria está en la raíz del asunto. Soria no avanzó ayer en su comparecencia ningún dato clarificatorio sobre esta reforma energética. Pero Nuclenor sí desveló una cifra clave. Serán necesarias inversiones de «alrededor de 120 millones de euros para seguir funcionando» y así obedecer a las exigencias técnicas del Consejo de Seguridad Nuclear tanto para la renovación de la licencia como para superar las pruebas de resistencia obligadas a raíz del accidente de la central japonesa de Fukushima.

Los responsables de Garoña señalan que «desconocen como afectarían a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno». Nuclenor quiere despejar sus dudas y tener datos. Asegura que «esta incertidumbre pone en duda la viabilidad económica de la planta». Expertos en la materia han llegado a cuantificar en 31,5 millones de euros anuales las pérdidas que Garoña podría sufrir de aplicarse el anunciado canon de 10 céntimos por megavatio hora a las nucleares. El sector ya advirtió este verano que la reforma anunciada «hunde a las empresas».

Las eléctricas más poderosas han lanzado sin duda un pulso al Gobierno, a pesar de que como indicó el ministro ayer, se les había negado una prórroga de dos meses solicitada este verano para retrasar la presentación de la solicitud de renovación de Garoña hasta conocer la reforma energética. El CSN «no ha recomendado dar esa prórroga», explicó el ministro. «Hemos llamado a la empresa y le hemos dicho que no, porque si  prorrogamos el plazo en estos términos estaríamos yendo en contra del dictamen del CSN», señaló José Manuel Soria, quien añadió que «eso no le ha gustado».

Nuclenor explicó que había solicitado en dos escritos los días 14 de agosto y 3 de septiembre pasados que «o bien se retrasase el plazo para poder presentar la solicitud de renovación o que, en su defecto, el Gobierno pusiera a su disposición la información necesaria para despejar las incertidumbres regulatorias que rodean al futuro de la central de Garoña de cara a poder tomar una decisión que justiticara el retorno de la inversión que ésta tendría que llevar a cabo». Ni una cosa ni la otra.

Nuclenor también se ha dirigido en estos últimos días a las consejerías de Hacienda y Economía y Empleo de la Junta para solicitarles información acerca de las tasas, impuestos, recargos, etcétera que el departamento de Pilar del Olmo también anunció en su día. Nuclenor quiere saber cómo podrían «afectar directa o indirectamente al funcionamiento de la central y, por tanto, a la decisión de solicitar la renovación de su permiso de funcionamiento».