Ángel Mansilla fue el último sacerdote que habitó hasta el año 1970 el palacio arzobispal de Villafruela. Desde entonces, la casona ha permanecido cerrada, con alguna excepción en la que se ‘prestó’ a una vecina en riesgo de exclusión. Ubicado en la calle San Lorenzo, a escasos metros de la iglesia parroquial, se trata de un inmueble de dos plantas, de piedra en su parte inferior y adobe en la superior, aunque toda la fachada principal se revocó y ahora, con el paso del tiempo, se está desconchando en buena parte de la misma. Además, en la parte superior luce el escudo que le acredita como palacio, ya que la localidad fue desde el siglo XII villa episcopal. Ante la falta de uso, la parroquia de Villafruela, titular del edificio, ha decidido sacarlo a la venta y así lo ha hecho saber al Arzobispado que es, a través de la Comisión de Economía, quien tiene que dar la autorización al expediente de venta, consciente de que ya "el palacio no tiene más recorrido en cuanto a posibles usos eclesiásticos o pastorales", explica Rodrigo Saiz, responsable de Bienes Patrimoniales de la Diócesis, quien añade que un edificio en esas condiciones, lo que hace es generar gastos de mantenimiento y que, además, se corre el riesgo de que la entidad local pueda requerir su arreglo si su estado es de progresivo deterioro.      La forma de enajenar este inmueble, como el resto de los pertenecientes a la Diócesis, es en subasta pública a la llana, de tal manera que tras la pertinente peritación del mismo, en el que es preceptivo que participen dos vecinos de la localidad, se ha fijado como precio 40.000 euros. Quien acuda a la subasta -falta aún fijar día y hora, explica el párroco Rafael Casado-, puede quedarse con el palacio por ese precio, o la puja puede ir a mayores si hubiera competencia.    Esta fórmula se adopta porque no ha habido un interés por parte de las administraciones públicas, como podría ser en este caso el  Ayuntamiento de Villafruela, por adquirir el inmueble para su uso como dotación social, asistencial o residencial; en estos supuestos, lo habitual es que se pacte el precio entre el titular del inmueble y el Consistorio, que debe, en todo caso, destinarle a esos usos. En este caso, no es así y por tanto, cualquier persona particular o entidad privada puede acudir a la subasta y destinar el edificio, una vez realizada la compra-venta, al uso que su nuevo propietario considere oportuno.     En caso de no presentarse postores a la subasta pública, el párroco emite al Arzobispado un acta al respecto, y más adelante cabe al posibilidad de volver a iniciar el expediente de enajenación, con el precio a la baja.      El palacio tiene una superficie total de unos 300 metros cuadrados, 178 metros cuadrados entre las plantas, y además cuenta con un anexo de patio y cobertizo de 122 metros cuadrados. En cuanto a su estado de conservación, estructuralmente no tiene graves problemas, aunque la cubierta precisa de un cambio en su totalidad, mientras que el interior también requiere de una reforma integral, ya que cocina y baño están en mal estado y, sobre todo, no están adaptados a la normativa vigente; además, las paredes de las habitaciones presentan algunas fisuras y grietas así como falta de pintura. En la fachada se está desprendiéndose el revocado, tanto el que cubre el adobe como el que tapa la piedra, una costumbre ésta que cada cierto tiempo se puso ‘de moda’.      En los últimos años han sido varias las casas parroquiales o rectorales que se han vendido, en unos casos a los ayuntamientos, como en Los Balbases o Tordómar, y en otros a particulares, como en Bóveda de la Ribera (zona de Medina  de Pomar), Huerta de Arriba, Zuzones y Arandilla