La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Miranda se ha adherido a un escrito presentado por el mirandés Joseba Gazpio en la Audiencia Provincial en el que pide al titular del organismo judicial que actúe para resolver su caso, en el que asegura se tomaron decisiones que acabaron con la subasta de su casa y un pabellón sin la documentación necesaria. Una pelea judicial que Gazpio lleva arrastrando 15 años y que cree que está cerca de llegar a su fin, ya que explica que hay pruebas certificadas que demuestran que el procedimiento debe ser invalidado al no existir un mandato por el cual se actuó en la subasta de la casa.

«Me pide el presidente de la Audiencia que identifique a las personas a denunciar, y así lo hago, dejando claro que no voy contra las instituciones, sino contra las personas que se inventaron el mandato que permitió la subasta de mi casa y contra los que después han avalado todo el procedimiento aún sabiendo que no existía esa documentación», dice el afectado por la subasta, que ayer estuvo en la Audiencia acompañado por integrantes de la PAH. 

Su escrito de denuncia va contra los componentes de la Sección 3 de la Audiencia Provincial que dictaron la sentencia en 2005 en la que «se inventa el mandato», dice, y la extiende a la Sección 2, que confirmó lo dicho por la anterior. También apunta al titular del Juzgado 1 de Miranda, a Carlos Mata (que actuó como mandatario) y a los administradores solidarios de Magardian (la empresa que intervino en la subasta).

El escrito dirigido a la Audiencia Provincial incluye como intervinientes al registrador de la propiedad, al Banco Popular (entonces Castilla), y la que fuera secretaria judicial en Miranda, «que admitió en la subasta a Mata como representante de Magardian», dice Gazpio. Y cierra con el Ministerio Público, «que no ha actuado en defensa de la legalidad» y con los compradores del chalé.

En suma, pide que se aclare la responsabilidad de todas estas personas en las actuaciones llevadas a cabo desde 2001, que cree que fueron en parte irregulares, recordando que hay varios certificados (del Juzgado y de la Audiencia) que afirman que no existen los poderes ni los mandatos que apoyan la forma en la que se hizo la subasta.