«Estamos alarmados». Con esta breve afirmación resumió ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Escribano, su malestar por las declaraciones realizadas el pasado domingo por el alcalde Javier Lacalle, en Diario de Burgos, en las que aseguró: «Sería irresponsable por mi parte cerrar la puerta a una posible privatización de Aguas».  

El socialista declaró en rueda de prensa que su posible privatización total o parcial solo significará «mayor coste para los ciudadanos, utilización del servicio para beneficio de los particulares y pérdida del control público de un servicio fundamental».

Por ello, avanzó que su grupo político hará todo lo que esté en sus manos para evitar «este crimen polítio y esta barbaridad». En este sentido -y acompañado en su comparecencia pública por las ediles Carmen Hernando y Esther Peñalba- recordó que hace un año ya presentaron una proposición a un Pleno en la que expresaron su postura contraria a esta posibilidad.  También hay que señalar cómo a finales de febrero de este año, el concejal Carlos Andrés Mahamud preguntó en el Consejo de Administración de Aguas por el rumor acerca de una posible privatización, a lo que la presidenta del servicio, Carolina Blasco, respondió con un «no».

Sin embargo, Escribano lamentó que a día de hoy el equipo de Gobierno «está haciendo cuentas». Por ello, pidió que «el agua no se toque para solucionar los problemas económcos del Ayuntamiento».

En el mismo sentido, alabó el «buen, incluso excelente» funcionamiento de este servicio, que se gestiona «en términos económicos aceptables para los ciudadanos, a pesar de las últimas subidas».