El Gobierno acaba de dar la puntilla al campo petrolífero de Ayoluengo y por extensión al municipio de Sargentes de la Lora. Cuando desde la compañía Columbus Energy Resources (antigua Leni Gas & Oil) se esperaba la convocatoria del nuevo concurso de explotación, no solo no se ha publicado éste, sino que el Gobierno ha notificado a la Compañía Petrolífera de Sedano (CPS), filial de Columbus, que proceda al desmantelamiento definitivo del campo Ayoluengo.
La propio empresa matriz comunicaba a la bolsa de Londres donde cotiza, la decisión del Gobierno español respecto a su empresa filial, y colgaba la información en su página web, en la que, además, hace costar que las autoridades no han dado ninguna razón para decidir no volver a licitar la concesión La Lora. Además, anuncia que la Compañía considerará sus opciones al respecto, aunque fuentes de la CPS, aseguraban ayer a DB que no será hasta que se reúna el Consejo de Administración cuando se decidan los paso a dar a partir de este momento y que, de momento, no puede hablarse de emprender acciones judiciales.
Por su parte, el presidente ejecutivo de Columbus, Leo Koot, manifestó, según recoge el comunicado que, «la Compañía está decepcionada de que el Gobierno español no haya declarado públicamente por qué ha decidido no volver a licitar la concesión de La Lora, especialmente porque nos ha hecho creer que se presentará una nueva licitación antes de fines de 2018. La Compañía considerará sus opciones con respecto a las decisión del Gobierno».
La CPS ya se venía quejando de falta de información por parte del Ministerio de Transición Ecológica cuando en octubre comunicó que «se había dejado pesar el plazo para convocar el concurso de explotación del campo» (DB, 23 de octubre), lo que no significaba, en todo caso, se explicaba entonces desde la Compañía, que no fuera a hacerlo. Unas semanas después, sin embargo, se cumplen los peores augurios. La apuesta del Gobierno del PSOE por las energías renovables ha acabado por decidir el cierre de la única explotación de petróleo a campo abierto que estaba operativo en España hasta 2017. Desde el 31 de enero de ese año, la actividad extractora de crudo está paralizada, una vez que el Gobierno del PP no prorrogó la concesión de 30 años solicitada por la CPS. El Ministerio de Energía entendía que con la nueva Ley de Hidrocarburos en la mano, la concesión de 50 años era improrrogable, pero abría la puerta a la publicación de un nuevo concurso de explotación que, de hecho, según explicaron desde la Compañía y desde el propio PP, estaba finalizado (el pliego de condiciones), cuando la moción de censura salió adelante y provocó la marcha de Mariano Rajoy. Tras 5 meses en el Gobierno, el PSOE ha dado marcha atrás.
Por su parte, la CPS culminó la primera fase de desmantelamiento, tal y como exigía el Plan de Abandono aprobado por la Dirección General de Política Energética y Minas en noviembre de 2017, lo que supuso un coste de 1 millón de euros a la concesionaria, que ahora se verá obligada a ejecutar el desmantelamiento definitivo. A este respecto, Columbus asegura en el comunicado que «cuenta con una provisión suficiente en sus cuentas para los costos de desmantelamiento y que hay varios activos en el sitio, incluido el equipo que se transferirán y utilizarán en las operaciones de Trinidad y Tobago o se venderán para compensar dichos costes»; añade que «no se espera que la CPS realice gastos materiales en efectivo en relación con el cierre definitivo de la concesión».