Tres años hace ya que entró en vigor la reforma de la Ley Antitabaco que prohibió fumar en todos los locales públicos. Después de que en 2011 el servicio territorial de Sanidad emprendiera la lógica campaña de inspecciones masivas por ser el primer año de vigencia de la norma, el celo por controlar a los locales de hostelería decayó. De las 2.546 investigaciones que efectuó ese primer ejercicio se ha pasado a las 800 que se registraron en 2012 y también en 2013. Sin embargo, el ánimo sancionador, lejos de relajarse, se ha excitado. El año pasado la Junta de Castilla y León impuso 55 sanciones a bares y cafeterías, por las 28 del año anterior, lo que representa un incremento porcentual del 98%. En 2011 se contabilizaron 48 multas.
Asimismo, el departamento de Sanidad en Burgos incoó el ejercicio pasado 78 expedientes sancionadores (aún no resueltos), por los 38 del año anterior, lo que supone un aumento de más del 100%. Estas cifras ponen de manifiesto que, pese a que la Administración no está tan encima de los negocios, la determinación a la hora de castigar a los infractores lejos de debilitarse se intensifica.
De esas sanciones que impuso la Junta el pasado año, 30 de ellas fueron a personas que fumaban en locales donde está prohibido el tabaco, sobre todo en establecimientos de hostelería. Se trata de infracciones leves, castigadas con entre 30 y 600 euros. Cuatro de las multas fueron a establecimientos que no disponían o no exponían en lugar visible los carteles que informan de la prohibición de venta de tabaco a los menores de 18 años y advierten sobre los perjuicios para la salud.
Un total de 21 locales fueron expedientados por permitir fumar en el interior del negocio. Las multas por este tipo de infracción, de carácter grave, no son una broma. La cuantía oscila entre los 600 y los 10.000 euros.
Inspectores
En la provincia de Burgos hay un total de 74 inspectores adscritos al Servicio Territorial de Sanidad que se encargan de controlar el cumplimiento de la Ley Antitabaco. Sobre todo se detienen en comprobar que los establecimientos hosteleros y entidades públicas cumplen con la señalización de los locales. Sus labores no son exclusivas en materia de tabaco, sino que se ocupan de sus otras responsabilidades, como el control de la higiene alimentaria y de la limpieza de las cocinas y los establecimientos.
Sin embargo, la mayor parte de los expedientes se inician tras la intervención de la Policía Local o la Guardia Civil. Tras recibir la queja o la denuncia de particulares, los agentes de ambos Cuerpos se desplazan hasta el local donde presuntamente se comete la infracción, levantan un acta y después la envían al servicio territorial de Sanidad, que es la Administración que sanciona.
A pesar este incremento de sanciones, el presidente de la Federación Provincial de Hostelería, Ricardo Garilleti, señala que «la conflictividad es muy baja». «Los empresarios y los clientes se han acostumbrado a que no se puede fumar y apenas hay problemas», asegura. José Antonio Miranda, jefe del servicio territorial de Sanidad, advierte de que el aumento de las multas «no responde a ninguna campaña de mayor vigilancia». De hecho, recuerda, «las inspecciones fueron en 2013 las mismas que en 2012 y muchas menos que en 2011».
Este incremento de las sanciones se produce en un año en que las ventas de cigarrillos vuelven a caer. Según los datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos, en 2013 los estancos despacharon en la provincia 19,2 millones de cajetillas, un 7,6% menos que en 2012. Los burgaleses fumaron más puritos -29,5 millones se vendieron el año pasado-, un 3,4% más que el año anterior. Y el tabaco de liar sigue sumando adeptos, con un crecimiento de las ventas del 18,4% en el año 2013.
Los estanqueros aseguran que no ha bajado la cifra de personas que le da al pitillo, «pero sí fuman menos cantidad». Ya no lo atribuyen tanto a las restricciones que pesan sobre la hostelería como a la crisis económica y a la subida del precio paquete -por los impuestos especiales-.
Carlos Pérez, presidente de la Asociación de Expendedores de Tabaco de Burgos (Asprebu), pone un ejemplo claro. En la actualidad se venden sobre todo las marcas low-cost, como American House, Red Eagle o Bravo. La cajetilla cuesta 3,90 euros, cuando una ‘premium’, como Marlboro, llega a los 4,70 euros.
La disminución del consumo de cigarrillos también está ligada a la crisis económica. «Se ha juntado todo; las prohibiciones empezaron el mismo año que comenzaron a ir mal las cosas», recuerda Pérez.
El caso es que el número de fumadores no baja en la misma proporción que el consumo. Lo que pasa es que se compra menos y esto está íntimamente vinculado a las leyes antitabaco, la original y su secuela de 2011, la que prohibió el tabaco en cualquier recinto de hostelería.